Pacto PSOE-PP para cerrar la investigación de escándalos
M. G. / C. V. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del Grupo Popular del Congreso, Rodrigo Rato, acordaron recientemente poner un límite temporal, a ser posible el próximo 31 de diciembre, a la investigación de escándalos por, parte de la Comisión de Partidos Políticos, que debería centrar sus trabajos a partir de enero en el estudio de una nueva ley de financiación, según. fuentes parlamentarias.
Este pacto supone que, en su sesión dé hoy, dicha comisión rechace las nuevas comparecencias pedidas en relación con los casos Filesa y Naseiro, de presunta fi...
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M. G. / C. V. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del Grupo Popular del Congreso, Rodrigo Rato, acordaron recientemente poner un límite temporal, a ser posible el próximo 31 de diciembre, a la investigación de escándalos por, parte de la Comisión de Partidos Políticos, que debería centrar sus trabajos a partir de enero en el estudio de una nueva ley de financiación, según. fuentes parlamentarias.
Este pacto supone que, en su sesión dé hoy, dicha comisión rechace las nuevas comparecencias pedidas en relación con los casos Filesa y Naseiro, de presunta financiación, irregular del PSOE y el PP, respectivamente, y sólo convoque al fiscal general del Estado, Carlos Granados, para que informe sobre el apoyo económico al PCE por parte de la antigua Unión Soviética, y al financiero catalán Javier de la Rosa, para que responda de su amenaza de "tirar de la manta".
La convocatoria a De la Rosa se condicionara a una consulta previa al juez que mantiene en prisión al financiero por su gestión al frente de la sociedad Grand Tibidado, para saber si estaría dispuesto a autorizarla y evitar así un nuevo conflicto con el Poder Judicial, como el que se produjo en las comisiones parlamentarias sobre los casos Roldán y Rubio.
Ello supone que la comparecencia de De la Rosa, si se produce, difícilmente será antes de enero y que serán rechazados, o al menos pospuestos, los demás testimonios sobre el caso: el de los principales políticos catalanes, solicitado por el PP, y el del propio Rato, a petición de CiU.
El acuerdo, sin embargo, quedó tocado el pasado miércoles por la intervención en el pleno del Congreso del secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, que causó fuerte malestar en el Gobierno por el tono agresivo con que, en su opinión, preguntó a Felipe González por el caso Filesa.
Con el acuerdo entre Rato y Rubalcaba se pretendía resolver la ambigüedad de la resolución que dio origen, en el último debate sobre el Estado de la Nación, a la comisión sobre partidos políticos: a diferencia de las demás comisiones de investigación, no tiene plazo alguno para acabar sus trabajos y la inconcreción de los asuntos a tratar -el "etcétera" que se agrega a la mención a los casos Filésa, y Naseiro- la convierten, a juicio de algunos diputados, en una especie de "juzgado de guardia parlanientario".
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