El delito fiscal seguirá a partir de cinco millones de fraude

El delito fiscal seguirá tipificado a partir de los cinco millones de pesetas de defraudación. El Grupo Parlamentario Socialista, el de Izquierda Unida y el del Partido Popular han declarado que no votarán a favor de elevar esa cuantía, propuesta en dos enmiendas presentadas por Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. El plazo de presentación de enmiendas terminó, finalmente, ayer. Como se trata de reformar una ley orgánica (el Código Penal), la modificación exige obtener el 51% de los votos, algo que no es posible sin contar con la aprobación de socialistas o de IU.La discusión d...

El delito fiscal seguirá tipificado a partir de los cinco millones de pesetas de defraudación. El Grupo Parlamentario Socialista, el de Izquierda Unida y el del Partido Popular han declarado que no votarán a favor de elevar esa cuantía, propuesta en dos enmiendas presentadas por Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. El plazo de presentación de enmiendas terminó, finalmente, ayer. Como se trata de reformar una ley orgánica (el Código Penal), la modificación exige obtener el 51% de los votos, algo que no es posible sin contar con la aprobación de socialistas o de IU.La discusión de la reforma ha estado centrada en. si se elevaba finalmente o no el mínimo para que se considere delito fiscal. El Gobierno, inicialmente, había decidido hacerlo y subir la cantidad hasta 15 millones de pesetas. Se decidió mantener la cantidad en cinco millones por entender que lo importante de la ley es su carácter ejemplarizante y que la urgencia en la reforma venía dada por la necesidad de introducir la excusa absolutoria y la equiparación del fraude a la Seguridad Social con el fiscal.

La excusa absolutoria establece que quien decida regularizar su situación fiscal de forma voluntaria, es decir antes de ser requerido por ninguna administración, gozará de la exención de la pena, pero no del delito. El mantenimiento del delito tiene importancia porque de esta manera no se trata de una amnistía fiscal ya que puede tener efectos ante reincidencias y a la hora de contratar con el Estado.

CiU propone la creación de una comisión de delito fiscal con representación de todas las comunidades, para que se unifiquen los criterios y desde esta comisión, en un plazo de 30 días, se manden a los jueces los expedientes de posible delito fiscal.