Los grupos políticos hallan dos contratos ilegales en el área de Personal
La comisión de investigación de la política de personal del Ayuntamiento de Madrid llegó ayer a una conclusión peculiar: la creación del gabinete de auditoría. fue legal, pero la contratación de dos de sus miembros fue inconstitucional. Todos los representantes de los grupos políticos (Izquierda Unida, PSOE y PP) aprobaron esta conclusión: "La contratación [de dos miembros del gabinete] se realiza sin los requisitos previstos por el Real Decreto 2.223 / 84, sin los cuales la contratación sería nula". La citada norma desarrolla los principios constitucionales de mérito y capacidad para acceder ...
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La comisión de investigación de la política de personal del Ayuntamiento de Madrid llegó ayer a una conclusión peculiar: la creación del gabinete de auditoría. fue legal, pero la contratación de dos de sus miembros fue inconstitucional. Todos los representantes de los grupos políticos (Izquierda Unida, PSOE y PP) aprobaron esta conclusión: "La contratación [de dos miembros del gabinete] se realiza sin los requisitos previstos por el Real Decreto 2.223 / 84, sin los cuales la contratación sería nula". La citada norma desarrolla los principios constitucionales de mérito y capacidad para acceder a la función pública. Izquierda Unida y PSOE aprobaron, con la abstención del PP, un párrafo que extendía esa violación constitucional al nombramiento de los seis miembros de la auditoría.Pero la conclusión de Izquierda Unida, apoyada por el PP, reza: "La creación del gabinete es respetuosa con la legalidad, aunque manifestamos nuestra discrepancia política con la decisión de construir esta unidad con personal ajeno al Ayuntamiento".
¿Cobraron o no?
El concejal de Personal, Antonio Moreno, responsable del gabinete, alego, a preguntas de los periodistas, que sí respeté los citados principios constitucionales para nombrar a los miembros del gabinete, que tenían sueldos superiores a los del presidente del Gobierno.Moreno reiteró que el equipo, aunque se nombró formalmente, fue disuelto por él mismo antes de que entrara en funcionamiento, porque adolecía de "irregularidades" que no precisó. Tampoco se sabe aún si los contratados llegaron a cobrar por el trabajo que no hicieron. Izquierda Unida y PSOE creen que se les abonó la nómina de marzo, pero aún está pendiente el informe de la tesorería que lo certifique.
Estas conclusiones se llevarán al pleno municipal para que decida. Sin perjuicio de este trámite, el PSOE manifestó ayer que se reserva la posibilidad de recurrir a los juzgados para esclarecer sí hubo o no delito en esta actuación de Moreno.