Las 'viceministras' desautorizan a Lope Huerta por criticar los juicios rápidos
Las viceministras de Justicia e Interior, María Teresa Fernández de la Vega y Margarita Robles, respectivamente, desautorizaron ayer al alimón a Arsenio Lope Huerta, delegado del Gobierno en Madrid, por sus críticas al funcionamiento de los juicios rápidos implantados en la capital. "Están funcionando", "son eficaces", "es rotundamente incierto que no funcionen". Las dos secretarias de Estado despacharon con frases secas como éstas las críticas del delegado, cuyo relevo se está estudiando en Interior desde hace varias semanas.Fernández de la Vega apoyó la desautorización con cifras sobr...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Las viceministras de Justicia e Interior, María Teresa Fernández de la Vega y Margarita Robles, respectivamente, desautorizaron ayer al alimón a Arsenio Lope Huerta, delegado del Gobierno en Madrid, por sus críticas al funcionamiento de los juicios rápidos implantados en la capital. "Están funcionando", "son eficaces", "es rotundamente incierto que no funcionen". Las dos secretarias de Estado despacharon con frases secas como éstas las críticas del delegado, cuyo relevo se está estudiando en Interior desde hace varias semanas.Fernández de la Vega apoyó la desautorización con cifras sobre este sistema, implantado este año en Madrid: hasta el mes de junio se han señalado 1.095 juicios, de los que han salido 577 sentencias condenatorias, 76 absolutorias y 334 con la conformidad de ambas partes. "Esto supone que sólo un 10% de los juicios han sido suspendidos, cuando en la justicia ordinaria este porcentaje sube hasta el 40%", remachó Robles. En Barcelona, con más del doble de juicios señalados (2.329), se han dictado menos sentencias condenatorias (539).
No obstante, ninguna de las dos viceministras precisó cuántos de los condenados fueron a prisión, punto éste donde estaba el núcleo duro de la crítica de Lope Huerta respecto a la falta de eficacia de los juicios rápidos "desde el punto de vista policial". El delegado indicó que sólo un 8% de las personas juzgadas ha ido a la cárcel.