El Gobierno modifica la Ley de Salud Laboral para favorecer un pacto sindical

El Gobierno ha modificado su proyecto de Ley de Salud Laboral para favorecer un pacto con los sindicatos. Entre esos cambios figuran la creación de una fundación para vigilar la seguridad en pymes y empresas sin representación sindical y el derecho del trabajador a paralizar la actividad en el centro de trabajo cuando exista riesgo inminente. Los dirigentes de UGT y CC OO respondieron ayer con cautela y confían en que se incluyan sus peticiones para lograr un acuerdo aunque sea parcial.

Con el objetivo de recomponer el diálogo social quebrado desde hace cuatro años, el Ministerio de Tra...

El Gobierno ha modificado su proyecto de Ley de Salud Laboral para favorecer un pacto con los sindicatos. Entre esos cambios figuran la creación de una fundación para vigilar la seguridad en pymes y empresas sin representación sindical y el derecho del trabajador a paralizar la actividad en el centro de trabajo cuando exista riesgo inminente. Los dirigentes de UGT y CC OO respondieron ayer con cautela y confían en que se incluyan sus peticiones para lograr un acuerdo aunque sea parcial.

Con el objetivo de recomponer el diálogo social quebrado desde hace cuatro años, el Ministerio de Trabajo ha cambiado su plan inicial, consistente en limitarse a un periodo de consultas con los interlocutores sociales, y ha emprendido una auténtica negociación. También ha modificado el borrador de Ley de Salud Laboral, presentado por el Ejecutivo en el pasado mes de junio y valorado muy positivamente por la patronal CEOE que no estimó necesarios nuevos encuentros. En cambio, las centrales mostraron entonces su rechazo.Ayer Trabajo celebró un nuevo encuentro con los sindicatos para arrancar ese nuevo diálogo. El secretario general de Empleo, Marcos Peña, explicó los cambios introducidos en el borrador de la ley y, entre ellos, la creación de una fundación para la formación, presencia y promoción de la salud en las empresas sin representación sindical; y el derecho del trabajador a paralizar la actividad productiva cuando exista un peligro grave e inminente. La Administración estudia también una fórmula para superar las dificultades en los centros de trabajo donde no se pueden elegir delegados por problemas de antigüedad, circunstancia que se da sobre todo en el sector de la construcción. Otro de los cambios consiste en una disposición transitoria que garantiza los derechos de los actuales 62.000 delegados de prevención -la Administración los cifra en 53.800- hasta que se celebran elecciones sindicales con la nueva Ley de Salud Laboral en vigor.

El Gobierno tiene que decidir antes del nuevo encuentro fijado para el día 19 las competencias y financiación de la fundación y cómo se salvaguardan los derechos de esos 62.000 delegados de prevención. En cambio, Trabajo ha dado ya su negativa a varias peticiones sindicales: universalización de los planes de prevención en las empresas, creación de los delegados territoriales y crédito horario para los nuevos delegados de salud laboral. Ese último punto supone liberar más delegados sindicales y es la principal modificación respecto a la ley que los sindicatos pactaron con el anterior ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, y que a juicio de CEOE resultaba muy cara" para las empresas.

Los sindicatos siguen tomando como referencia ese fallido acuerdo y no lo dan "por perdido", según palabras del representante de CC OO, Agustín Moreno. El sindicalista afirmó que "el nuevo estilo del Gobierno no puede consistir en el incumplimiento de pactos anteriores". Aunque reconoció que en el encuentro de ayer se habían producido aproximaciones, Moreno dijo que todavía "no permiten vislumbrar un acuerdo".

Pedro Díaz Chavero, responsable de UGT, fue algo más optimista y habló de "avances sustanciales y positivos" para acto seguido precisar que "no va a haber un acuerdo formal sobre la ley porque los sindicatos no renuncian a seguir mejorando el texto durante el trámite parlamentario".

El secretario general de Empleo, Marcos Peña, ha adoptado una "posición de optimismo moderado" y confía en que las partes sean "capaces de elaborar una ley con el mayor consenso posible". Esas palabras de Peña dejan entrever que los responsables del Ministerio de Trabajo creen posible alcanzar un acuerdo, al menos parcial, sobre la denominada ley de prevención de riesgos laborales.