Uruguay vota en referéndum la reforma constitucional

Todavía en la década de los treinta, los grandes estancieros uruguayos ejercían sobre los individuos o familias colocados bajo su protección funciones de justicia propias del poder civil, y cuenta el sociólogo Aldo Solari que hubo hacendados tratando de mantener como asunto puramente privado o local el asesinato de una persona.. Ayer, soltando nuevas amarras de aquel pasado caudillista, se votó en plebiscito la modernización de la Constitución nacional, con la reforma de la ley electoral como punto fundamental sobre el que tendrán que decidirse 2,2 millones de uruguayos.La ley en vigor impone ...

Todavía en la década de los treinta, los grandes estancieros uruguayos ejercían sobre los individuos o familias colocados bajo su protección funciones de justicia propias del poder civil, y cuenta el sociólogo Aldo Solari que hubo hacendados tratando de mantener como asunto puramente privado o local el asesinato de una persona.. Ayer, soltando nuevas amarras de aquel pasado caudillista, se votó en plebiscito la modernización de la Constitución nacional, con la reforma de la ley electoral como punto fundamental sobre el que tendrán que decidirse 2,2 millones de uruguayos.La ley en vigor impone listas cerradas para la elección de candidatos a todos los cargos públicos, por lo que quien vota al presidente del Gobierno apoya también, quiéralo o no, a parlamentarios, intendentes (alcaldes) y presidentes de departamentos, incluidos en una lista de partido.

Previamente al plebiscito, con el visto bueno de los dos tercios del total de miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, se aprobó una ley constitucional que, de ser ratificada en la consulta, separará los comicios nacionales de los municipales. En las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la renovación de los cargos se efectuará con el nuevo sistema. Podrá elegirse, por un lado, a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Cámara de Diputados y Senado, y, por otro, a quienes opten por las intendencias y presidencias de las 19 juntas departamentales. Se establece el llamado voto cruzado entre aspirantes de distintos partidos.

Cuando fue anunciado el plesbiscito se dio por seguro el triunfo abrumador del sí, refrendo que hoy no parece tan seguro al incidir los detractores de la reforma en aquellos aspectos considerados negativos o de confusa redacción. Además de someterse a sanción la reforma de la ley electoral, se aborda también la modificación de otros artículos constitucionales que afectan al funcionamiento del estatal Banco de Previsión Social y alteran el carácter de otras prestaciones.

Privatización conflictiva

También se despeja el camino hacia una posible privatización de la Seguridad Social, reformada en 1989 y deficitaria en 150 millones de dólares (19.500 millones de pesetas). Diversas asociaciones de jubilados -medio millón de personas- anticiparon que votarán no, temiendo que sus representados resulten perjudicados. El rechazo de la reforma agrupa al 22% del censo, según el último muestreo de opinión, y los indecisos suman el 30%. La emisión del sufragio es obligatoria, y aquellos ciudadanos que se abstengan sin fundamentar la ausencia serán sancionados con multas de hasta 3.000 pesetas. Los cambios quedarán aprobados si se consigue la mayoría absoluta.La reforma constitucional fue propuesta por las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria, entre ellas el Partido Blanco, cuya Corriente Herrerista gobierna y sufre peligro de escisión; el Partido Colorado, históricamente dominante, y los grupos de la izquierda agrupados en el Frente Amplio, algunos de cuyos miembros se escoraron últimamente hacia el no. El Foro Batllista, de tendencia socialdemócrata, mayoritario dentro del Partido Colorado, liderado por el ex presidente Julio Sanguinetti, candidato al cargo en los comicios de noviembre, promovió sin éxito una reforma más amplia. De todas formas, la reforma es apoyada por los ocho aspirantes a la presidencia de Uruguay.

Daniel Gianelli, analista de la revista Búsqueda, piensa que, pese a este alto grado de coincidencia en la cúpula política, no se observa una corriente de opinión de tales características, y un importante sector social reclama más datos sobre el alcance de la reforma constitucional. "En tal clima de desinformación, escepticismo y desconfianza, llama la atención que mucha gente se muestre propensa a desconfiar de los políticos cuando niegan haberse asegurado en la reforma nuevos privilegios o haber incluido secretamente en ella trampas contra la ciudadanía".