La cúpula fiscal decide hoy si recurre el tercer grado para Amedo y Domínguez
El fiscal general del Estado, Carlos Granados, decidirá hoy si recurre la concesión del tercer grado penitenciario a José Amedo y Michel Domínguez, para lo que ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala, a cuya opinión anunció ayer que se someterá, aunque no está obligado a hacerlo. Mientras, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, comparecerá el próximo martes en el Congreso de los Diputados para explicar la decisión de dejar en semilibertad a los dos ex policías.
Granados aseguró ayer a este periódico: "Haré mío el acuerdo de la Junta de Fiscales, máximo órgano en m...
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El fiscal general del Estado, Carlos Granados, decidirá hoy si recurre la concesión del tercer grado penitenciario a José Amedo y Michel Domínguez, para lo que ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala, a cuya opinión anunció ayer que se someterá, aunque no está obligado a hacerlo. Mientras, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, comparecerá el próximo martes en el Congreso de los Diputados para explicar la decisión de dejar en semilibertad a los dos ex policías.
Granados aseguró ayer a este periódico: "Haré mío el acuerdo de la Junta de Fiscales, máximo órgano en materia doctrinal y técnica". Con esta decisión el nuevo fiscal del Estado cumple su compromiso de contar con el criterio de los órganos representativos de la carrera fiscal. En todo caso, Granados es partidario de que las resoluciones de la Administración se notifiquen al ministerio fiscal, para que pueda recurrirlas. En este caso la notificación a la fiscalía llegó de forma indirecta, a través del juez de vigilancia competente en la cárcel de Valdemoro, a la que se dirigieron los dos excarcelados.La Junta de Fiscales de Sala está integrada por 16 fiscales, que componen la cúpula judicial. Además de los fiscales jefes de cada una de las cinco salas del Tribunal Supremo, forman parte de ella el teniente fiscal, Francisco Hernández Gil, y los fiscales jefes de la Inspección, Juan José Martínez Zato; de la secretaría técnica, José Aparicio; del Tribunal de Cuentas, Miguel Ibáñez; del Tribunal Constitucional, José Julián Hernández Guijarro; de la Audiencia Nacional, José Aranda; de la fiscalía Antidroga, Enrique Abad, y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo.
La petición de comparecencia parlamentaria del Gobierno ha creado una situación de tira y afloja con el PP. Los populares, exigieron el martes la convocatoria de un pleno extraordinario. Ayer, Federico Trillo, portavoz para asuntos de Justicia del PP, admitió que retirarían la petición de pleno extraordinario si antes de que comparezca Belloch el Gobierno le remite los expedientes por los que se ha concedido el tercer grado a Amedo y Domínguez, así como los de los etarras que han conseguido esta situación en los 30 últimos días.
Los expedientes primero
La fecha de comparecencia del ministro es competencia del presidente del Congreso -por celebrarse la sesión fuera del periodo ordinario de sesiones-, que debe decidir, de acuerdo con la comisión de Justicia e Interior, el momento en que deba celebrarse. Aunque no se ha hecho pública la decisión oficial, en fuentes parlamentarias se daba por seguro que Belloch acudirá al Congreso el próximo martes.
El PP flexibilizó ayer su postura, pero con la contrapartida de conocer los expedientes de la Administración penitenciaria que afectan a los ex policías y a los etarras que se han beneficiado del tercer grado. Trillo puntualizó que quieren conocer esos expedientes antes de que el ministro comparezca, a fin de conocer las auténticas razones que el Gobierno ha manejado para darles la semilibertad.
Fuentes de Presidencia del Gobierno aseguraron ayer tarde que, en principio, el Ejecutivo no piensa remitir los expedientes de concesión del tercer grado que solicita el PP, y pusieron de manifiesto las dificultades técnicas que ofrece resolver esa petición antes del martes.
Estas fuentes. señalaron que la petición de comparecencia del ministro es lo suficientemente amplia para que todos los grupos puedan plantear cuantas cuestiones deseen en torno a la política general de aplicación del tercer grado y con respecto a la de Amedo y Domínguez en particular.
La cadena de reacciones por la concesión del régimen abierto a los policías continuó ayer. El presidente del comité de Gobierno de Unió Democrática de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó que el Gobierno ha tomado esa "decisión política por razones de Estado que deberá explicar el ministro del Interior". De camino arremetió contra el resto de partido, por su oposición a la medida: "Ciertos partidos la critican, como IU o partidos pequeños, y lo entiendo. Pero no entiendo la crítica del PP, un partido que aspira al Gobierno y que se llena la boca cada tres por cuatro de los intereses de Estado y de España".
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