Tres guardias civiles de Alicante, acusados de cohecho y proxenetismo

Tres guardias civiles de Alicante han sido expedientados y apartados de sus puestos tras una investigación de la Dirección General del instituto armado que revela que pudieron cometer un delito de cohecho y favorecer la prostitución, al obtener dinero a cambio de proteger locales de alterne de la comarca de la Vega Baja. El teniente coronel de la provincia, Antonio Torrado, señaló ayer que la investigación interna continúa, y que un cuarto agente podría ser sancionado por este asunto.

Los tres funcionarios aparecen vinculados en un proceso abierto por el juzgado número cuatro de Ori...

Tres guardias civiles de Alicante han sido expedientados y apartados de sus puestos tras una investigación de la Dirección General del instituto armado que revela que pudieron cometer un delito de cohecho y favorecer la prostitución, al obtener dinero a cambio de proteger locales de alterne de la comarca de la Vega Baja. El teniente coronel de la provincia, Antonio Torrado, señaló ayer que la investigación interna continúa, y que un cuarto agente podría ser sancionado por este asunto.

Los tres funcionarios aparecen vinculados en un proceso abierto por el juzgado número cuatro de Orihuela (Alicante), que investiga a 20 guardias por prestar, supuestamente protección a prostíbulos.Uno de los agentes expedientados es el teniente de la Comandancia de Alicante José Martínez López Antolino. Su sanción se publicó el 11 de julio en el Boletín Oficial del Cuerpo y consiste en relevarle de su puesto hasta que finalicen las averiguaciones. Los otros dos agentes sancionados son el subteniente José Parra, jefe de la línea de Orihuela; y el cabo destinado en Callosa del Segura, Andrés Guillén.

La diligencias judiciales se inciaron en enero, después de que Gregorio Roncero, ex empleado del local de alterne Pipo's, de Orihuela, denunciara a varios guardias por presuntos delitos de proxenetismo y cohecho. Como prueba, Roncero aportó cintas de vídeo grabadas entre 1991 y 1993 en la que aparecían al menos 13 agentes en el local.

Antes de la apertura de diligencias, Roncero había sido detenido por la Guardia Civil, acusado de extorsión por el dueño del local, quien afirmó que el ex empleado le amenazó con divulgar las cintas si no le pagaba un finiquito de 480.000 pesetas que se le adeudaba. De los funcionarios sancionados, el teniente Antolino es el único que aparece en las cintas y se le ve tan familiarizado con el local que incluso sirve copas detrás de la barra.