El PP prepara con expertos una reforma en profundidad de los servicios secretos

El PP ha iniciado un estudio para reformar los servicios de información o espionaje, cuyas conclusiones se incorporarán probablemente al programa de gobierno con que dicho partido concurrirá a las próximas elecciones. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, ha celebrado en Madrid un seminario, coordinado por el presidente de la comisión de defensa del PP, Santiago López Valdivielso, bajo el título La reforma de la inteligencia en España: objetivos, estructura y control.

En el citado seminario participaron una quincena de expertos en la...

El PP ha iniciado un estudio para reformar los servicios de información o espionaje, cuyas conclusiones se incorporarán probablemente al programa de gobierno con que dicho partido concurrirá a las próximas elecciones. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, ha celebrado en Madrid un seminario, coordinado por el presidente de la comisión de defensa del PP, Santiago López Valdivielso, bajo el título La reforma de la inteligencia en España: objetivos, estructura y control.

En el citado seminario participaron una quincena de expertos en la materia; entre ellos, varios directivos y agentes de servicios de información, la mayoría ya no en activo. El Grupo Popular intenté sin éxito, a finales del pasado año, que en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso se constituyera una ponencia para realizar "un sosegado debate sobre los objetivos de la inteligencia española a finales de los 90, sus medios y su control por el Parlamento".Según el PP, se trataba de "lograr una racionalización de los servicios", para adaptarse a los nuevos retos y favorecer una mayor transparencia, "con el objetivo último de dotar a nuestra nación de la agencia de seguridad nacional que de verdad necesita". Ante la falta de eco de su propuesta, el PP ha optado por realizar este trabajo en solitario.

Al seminario se presentó un documento no oficial, elaborado por los estudiosos Rafael Bardají e Ignacio Cosidó, que sirvió de base a los debates.

Dicho texto contiene cuatro propuestas principales: la creación de un Comité Coordinador de la Inteligencia; la potenciación de la inteligencia militar, a través de una División de Análisis y Evaluación Estratégica; la constitución de una comisión parlamentaria específica sobre esta materia; y el establecimiento de criterios de eficacia y control de calidad sobre los trabajos y operaciones de dichos servicios.

El documento constata la multiplicidad de servicios secretos que hay en España: el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), dependiente del Ministerio de Defensa; la Comisaría General de Información, dependiente del Secretario de Estado de Interior; y el Servicio de Información de la Guardia Civil, dependiente de su director general.

"Como consecuencia de las rivalidades entre los tres, la mesa de coordinación de la inteligencia, que se reunía regularmente en La Moncloa bajo la dirección de Juan Antonio Yáñez, dejó de hacerlo año y medio después de acceder el PSOE al Gobierno", agrega.

Para acabar con este "clima de desconfianza mutua, duplicidades de esfuerzos y solapamientos de tareas", propone la creación de un comité "que coordine las actividades de todos los servicios, establezca las prioridades de actuación, así como sus requerimientos, y apruebe los recursos de cada uno". Del comité formarían parte los responsables de los servicios o sus delegados y al frente del mismo habría un presidente o coordinador de inteligencia, que sería "el interlocutor natural ante el primer ministro".

También propone potenciar las divisiones de información de los ejércitos, recuperando para las Fuerzas Armadas algunas de las competencias que tenía antes de la fundación en 1977 del Cesid, al que el estudio no resulta demasiado favorable.

El documento examina la experiencia en el control parlamentario de los servicios secretos de países como EE UU, Alemania y Reino Unido y defiende la creación, en el Congreso de los Diputados, de una comisión para controlar "los fines, medios y operaciones" de los servicios de inteligencia.

El estudio aboga por una comisión restringida, cuyos miembros serían elegidos por el Pleno de la Cámara y estarían obligados a guardar secreto, incluso bajo sanción penal, de sus trabajos. Esta fórmula es similar a la que ya existe en el Congreso, aunque hace hincapié en el carácter permanente de la comisión y en la comparecencia periódica ante ella de los responsables de los servicios.

Finalmente, el documento critica el oscurantismo que rodea los presupuestos del Cesid, cuya cuantía se desconoce.