Limpieza interior

AYER SE cumplieron 17 años desde las primeras elecciones democráticas. En todo este tiempo la reforma a fondo de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido tantas veces anunciada como aplazada: siempre había urgencias que servían de coartada para el continuismo, tanto de las personas como de los comportamientos. El terrorismo, en particular, ha sido el pretexto invocado para mantener inercias contradictorias con los principios de un Estado de derecho: utilización descontrolada de los fondos reservados, obstruccionismo a las investigaciones sobre malos tratos, exigencia de autonomía policial.L...

AYER SE cumplieron 17 años desde las primeras elecciones democráticas. En todo este tiempo la reforma a fondo de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido tantas veces anunciada como aplazada: siempre había urgencias que servían de coartada para el continuismo, tanto de las personas como de los comportamientos. El terrorismo, en particular, ha sido el pretexto invocado para mantener inercias contradictorias con los principios de un Estado de derecho: utilización descontrolada de los fondos reservados, obstruccionismo a las investigaciones sobre malos tratos, exigencia de autonomía policial.Los ceses, conocidos ayer, de dos de los principales mandos policiales, Agustín Linares y Jesús Martínez Torres, parecen anunciar el fin de los aplazamientos. La huida de Roldán ha marcado el punto máximo de descrédito externo y desmoralización interna de las fuerzas de seguridad. El riesgo de parálisis era real, y en todo caso así lo interpretó ETA al lanzar su ofensiva de abril y mayo. La única manera de devolver la moral a la policía era abordar de una vez su democratización: la renovación de sus cuadros dirigentes, procedentes muchos de ellos de la policía franquista, y la adecuación estricta de sus modos de actuación a los valores constitucionales. Ésa es la tarea que han emprendido el ministro Belloch y la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles.

Esta última es una juez de instrucción. Se supone que alguien con esa profesión incorpora un criterio de eficacia que va más allá de la detención de los delincuentes: comprende la consecución de pruebas que permitan condenarlos y encarcelarlos. La dinámica de detenciones abundantes y puesta en libertad por el juez por falta de pruebas es bastante perversa (y desconcertante para la ciudadanía). Sobre todo en el terreno de la lucha antiterrorista. Ya la experiencia de los GAL demostró que nada favorece tanto la reproducción de ETA, generación tras generación, como las iniciativas que reactivan la espiral de la venganza. Lo mismo puede decirse de la supuesta eficacia ligada a otras prácticas ilegales, como los malos tratos o las torturas.

Pero el caso Roldán ha revelado también que esas inercias estaban relacionadas con la defensa de situaciones particulares. Por eso es ahora tan importante la renovación de personas, sin la cual será difícil modificar las actitudes. La ex mujer de Roldán declaraba hace algunas semanas que los altos mandos de Interior tenían que mirar por su futuro cuando estaban en el cargo porque tras abandonarlo no podrían encontrar otro trabajo. Sea o no ése el origen de la utilización fraudulenta de los fondos reservados, lo que sí se deduce de las investigaciones de la comisión Roldán es que esa filosofía era moneda común en Interior desde hace muchos años; pasar de esa forma de abuso al cobro de comisiones por obras es sólo una cuestión de grado. La inclusión en el dictamen de la comisión de una mención a los "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de otras personas próximas a Roldán responde seguramente a las evidencias de que esa mentalidad no sólo había sido interiorizada por el ex director de la Guardia Civil.

Otro aspecto de la renovación puede estar relacionado con la necesidad de reforzar la profesionalidad de la lucha antiterrorista y de acabar con la confusión derivada de la existencia de iniciativas de negociación, contacto, diálogo o toma de temperatura de los terroristas. La experiencia indica que éstos interpretan tales iniciativas como síntomas de la debilidad del Estado y como invitación, por tanto, a renovar la ofensiva para convencer a los recalcitrantes que se niegan a reconocer sus razones. Una política más profesional exige personas más competentes.