Un juez de Murcia impone una fianza de 3.700 millones de pesetas a tres personas por presunto fraude fiscal
Un juez de Murcia ha dictado un auto por el que fija una fianza de 3.700 millones de pesetas que deben depositar dos empresarios, y el hijo de uno de ellos, en concepto de cobertura de responsabilidad civil en un caso que instruye sobre un presunto fraude fiscal de 1.881 millones de pesetas. El juez advierte que si el dinero no se deposita en metálico, los imputados tendrán que formalizar un aval bancario por la cantidad de la fianza.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, Jaime Jiménez Llamas, ha dictado este auto después de conocer el expediente de Hacienda en el qu...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Un juez de Murcia ha dictado un auto por el que fija una fianza de 3.700 millones de pesetas que deben depositar dos empresarios, y el hijo de uno de ellos, en concepto de cobertura de responsabilidad civil en un caso que instruye sobre un presunto fraude fiscal de 1.881 millones de pesetas. El juez advierte que si el dinero no se deposita en metálico, los imputados tendrán que formalizar un aval bancario por la cantidad de la fianza.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, Jaime Jiménez Llamas, ha dictado este auto después de conocer el expediente de Hacienda en el que se fijan las cantidades presuntamente defraudadas de 1985 a 1989, por los empresarios Juan Cánovas, José Caravaca -y el hijo de este último, Francisco José.En este expediente se estima en más de 5.000 millones de pesetas la bolsa de dinero negro que ocultaron fundamentalmente a través de primas únicas y de otros productos financieros. El mecanismo utilizado era repartir el dinero en distintas cuentas. En éstas aparecían como titulares testaferros, ajenos a la trama, como personas fallecidas, monjas de clausura o pensionistas.
La trama se descubrió por las sospechas que levantó en el familiar de un testaferro, que era un teórico millonario cuando su situación patrimonial era todo lo contrario.
La Policía Judicial reclamó la colaboración de Hacienda para investigar el entramado de la bolsa de dinero negro, cuya magnitud iba incrementándose conforme avanzaban los trabajos. supuestamente Cánovas y Caravaca, dedicados entre otras actividadesal negocio de la intermediación inmobiliaria, desviaban grandes sumas de dinero negro a esas cuentas. Sus principales ingresos procedían de la compra venta de opciones de terrenos y locales comerciales.
Hacienda ha tardado casi dos años en terminar su informe, que entregó la pasada semana al juez, y en el que fija la cantidad de 1.881 millones de pesetas como el dinero presuntamente defraudado.
El abogado de los empresarios, José Pardo Geijo, ha criticado la actuación del juez al considerar que no ha respetadolos procedimientos procesales. A su juicio, se da indefensión porque no le han comunicado la identidad de los funcionarios de la Agencia de la Administración Tributaria sobre los que hubiera podido plantear un supuesto de recusación si se dieran las condiciones necesarias.
Ayer prestó declaración Francisco José Caravaca, que negó ante el juez haber cometido delito alguno.
La próxima semana el instructor tomará declaración a directivos de al menos cinco bancos y cajas de ahorros en los que estaban depositadas las cuentas de dinero negro.