El misterio de Bellingham

En la demanda de acción social contra Mario Conde y los ex administradores de Banesto se menciona el nombre dé algunas empresas instrumentales, entre las que destaca una compañía residenciada en Islas Vírgenes: Bellingham Investment Ltd. La inspección del Banco de España había solicitado en reiteradas ocasiones a Banesto información sobre algunas de las sociedades instrumentales y, en particular, sobre Bellingham. En una carta a Mario Conde, el director general del banco emisor, José Pérez, el 23 de noviembre de 1992, sugería algunos ajustes en operaciones realizadas por Bellingham.El 1 de feb...

En la demanda de acción social contra Mario Conde y los ex administradores de Banesto se menciona el nombre dé algunas empresas instrumentales, entre las que destaca una compañía residenciada en Islas Vírgenes: Bellingham Investment Ltd. La inspección del Banco de España había solicitado en reiteradas ocasiones a Banesto información sobre algunas de las sociedades instrumentales y, en particular, sobre Bellingham. En una carta a Mario Conde, el director general del banco emisor, José Pérez, el 23 de noviembre de 1992, sugería algunos ajustes en operaciones realizadas por Bellingham.El 1 de febrero de 1994, al abrir un expediente sancionador a los ex administradores de Banesto y cuatro directores generales, el consejo ejecutivo recordaba "que se ha incurrido en un claro supuesto de obstrucción a la labor inspectora del Banco de España, destacando la actitud mantenida en relación a las firmas Inversores de Villamanrique, Bellingham y Moultrie". Inversores de Villamanrique, administrada por la sociedad Reit, de Antonio Torrero y José Agustín Ferrin, poseía el 10% de Editorial Anaya; Moultrie había adquirido títulos de Carburos Metálicos, más tarde transferidos a la instrumental Heathmore, y Bellingham había participado en diversas operaciones. Una de ellas era la compra de un 10% del capital de Fecsa. Sí, el lector ha leído correctamente: el 10% del capital de la eléctrica Fecsa por un valor de unos 8.000 millones. Esto había ocurrido en la movida eléctrica del año 1990.

En 1992, la inspección del Banco de España advirtió que entre la inversión de Bellingham en dichas acciones y el valor de las mismas había una diferencia negativa. Fecsa, como muchos otros títulos eléctricos, habían experimentado caídas temporales. La gran sorpresa es que cuando se exigió una provisión por las minusvalías, la explicación que dieron los ejecutivos de Banesto a los inspectores fue ésta: Bellingham había adquirido el 10% de Fecsa por encargo de la eléctrica Endesa, que ya tenía una posición predominante en la eléctrica catalana. En otros términos, para evitar acercarse a las exigencias de una OPA, Endesa había dado un rodeo solicitando un aparcamiento a Banesto.

Los inspectores pidieron la carta de compromiso pero, lógicamente, no podía haberla. Aparte de los problemas que podía originar una carta de ese tenor ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estaba el hecho de que Endesa cotiza en la Bolsa de Nueva York, a la que también debía comunicar una información tan importante como la adquisición de un paquete de Fecsa.

No había carta. No debía haber operación. Los responsables de Banesto y de Endesa decidieron, pues, deshacerla operación y a lo largo de los primeros ocho meses de 1993 Bellingham vendió en diferentes paquetes las acciones de Fecsa, que fueron puestos bajo control directo de Endesa, que pagó a Bellingham, es decir, al grupo Banesto, el dinero invertido en la compra del 10% de Fecsa más los intereses correspondientes. De unos 8.000 millones inicialmente invertidos, la cuenta, entre principal, intereses y un diferencial, pasó a algo más de 10.000 millones.

Estos servicios patrióticos de Banesto, se suponía debían formar parte de la maraña de complicidades tendentes a ser utilizadas el día del juicio final. Pero como otras innumerables historias de la gestión de Conde y sus colaboradores, contribuía a alterar el funcionamiento del mercado, ésta vez presuntamente por cuenta de Endesa, según la explicación a los inspectores. Para Banesto se trataba de un favor rentable, pero la responsabilidad de aquellos que, como Endesa, pidieron que se les echara una mano parece fuera de toda duda razonable.