Roldán daba apariencia de legalidad a obras ya realizadas, según la intervención de Hacienda

La Dirección General de la Guardia Civil legalizaba con posterioridad obras ya iniciadas, e incluso concluidas y, por tanto, adjudicadas fraudulentamente. Así lo haceconstar el interventor delegado de Hacienda en Interior, Fernando Martínez Genique, en un informe de fiscalización, fechado el pasado 25 de marzo, que ha sido remitido a la comisión del Congreso que investiga la gestión de Luis Roldán al frente del instituto. El mismo interventor ya advirtió en 1991 que había adjudicaciones amañadas y que se evitaba sistemáticamente la concurrencia de ofertas.

Las irregularidades descritas ...

La Dirección General de la Guardia Civil legalizaba con posterioridad obras ya iniciadas, e incluso concluidas y, por tanto, adjudicadas fraudulentamente. Así lo haceconstar el interventor delegado de Hacienda en Interior, Fernando Martínez Genique, en un informe de fiscalización, fechado el pasado 25 de marzo, que ha sido remitido a la comisión del Congreso que investiga la gestión de Luis Roldán al frente del instituto. El mismo interventor ya advirtió en 1991 que había adjudicaciones amañadas y que se evitaba sistemáticamente la concurrencia de ofertas.

Las irregularidades descritas en el informe no se limitan a las adjudicaciones de obras. En la fiscalización del último trimestre del pasado año -el último periodo del mandato de Roldán- se hace constar que, en tres operaciones de adquisición de combustible, por un importe conjunto de 298 millones,- la "fecha de emisión de las facturas es anterior a la fecha de formalización del contrato"; lo que resulta manifiestamente irregular. Este mismo "error", como lo califica el interventor, "se repite en un número considerable de expedientes".La afirmación de que algunos contratos se firmaban cuando el trabajo estaba casi acabado la ilustra así el interventor: "En tres expedientes -obras en la Academia de Baeza; primera certificación de obras del cuartel de Gerona; y primera certificación de obras de la Academia de El Escorial- se observa que, en un plazo relativamente corto, en función del plazo de ejecución establecido en el contrato, certifican el 90% e incluso un porcentaje mayor del importe total de la obra. De ello se deduce que se podía estar dando apariencia de legalidad a actuaciones ya realizadas".

La celeridad de estas obras contrasta con otros dos ejemplos del informe: el interventor se pregunta por qué la reforma del cuartel de Eritaña (Sevilla) iba a iniciarse en noviembre de 1993, cuando el plazo de ejecución era de tres meses y el gasto se aprobó en julio, "no existiendo inconveniente para la ejecución de la obra". Más sorpresa le produjo recibir, en julio de 1993, el proyecto reformado de las obras del cuartel de Menasalbas (Toledo), que debieron ser terminadas en 1991, "sin que se expliquen suficientemente las causas de tan dilatada demora, ni si existe o no responsabilidad del contratista o de la Administración en el retraso".

Los obras de Baeza, Gerona y El Escorial no son las únicas que, según el interventor, se legalizaron después de haberse empezado ilegalmente. "En tres de los expedientes examinados [de los que sólo aporta el número de libramiento], se desprende de la documentación aportada que se podría estar dando apariencia de legalidad a actuaciones ya realizadas". Dos de estos expedientes se refieren a obras en Maliaño (Santander) y Amedo (La Rioja), por cuatro millones.

En otras ocasiones, el interventor, más lacónico, se limita a apostillar: "Apariencia [de] legalidad de actuaciones ya realizadas", junto a la anotación de la primera certificación de las obras del cuartel de Pola de Lena (Asturias), que ascendió a 12.539.437 pesetas.

Los expedientes en los que la fecha de la factura es anterior a la formalización del contrato son numerosos: el informe del 5 de abril 1993 recoge 36 casos sobre las 222 operaciones examinadas; y el del 1 de diciembre de 1992 contabiliza 12 casos sobre 134. El interventor concluye: "No existe correlación entre las fechas de formalización de contrato, constitución de la fianza y emisión de las facturas".

Los defectos, la mayoría de ellos formales, se repiten en todos los expedientes de pago de la Dirección General de la Guardia Civil, pero alcanzan un volumen inusitado en los de obras. Así, el informe de fiscalización del primer trimestre de 1992 encuentra errores en el 28,41% de los expedientes (77 sobre 221). Este porcentaje se eleva hasta el 78,57% cuando se refiere sólo a los de obras (33 sobre 42).

La subcontratación irregular también es denunciada por el interventor. Al fiscalizar la construcción del cuartel de San Andrés de la Barca (Barcelona), advierte: "Se observa que, siendo Huarte S. A. la empresa adjudicataria de las actuales obras, sin embargo, la factura es emitida por Hispano Alemana de Construcciones". Y agrega: "Una vez examinadas todas las certificaciones tramitadas, cuyas copias obran en poder de esta oficina, se observa la misma discrepancia entre la tercera y la cuarta". No se trata, pues, de un error mecanográfico.

[Mientras, José Luis Corcuera, antes de dejar Interior, nombró a Roldán comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía, cuando ya se había destapado el escándalo en torno a su patrimonio, según informó ayer la COPE. Este nombramiento otorga a Roldán la condición de agente de la autoridad, con el derecho llevar placa y armas de fuego].