El Gobierno busca una solución para la falta de liquidez de Torraspapel
El Gobierno está estudiando un plan de salvación para Torraspapel, filial de Torras-KIO, elaborado por un grupo industrial catalán que está dispuesto a aportar capital. Éste pone como condición controlar la gestión. La Administración apoya este plan ante el temor de que las deficiencias de la actual gestión y la falta de liquidez colapsen la papelera. La propuesta se produce cuando las negociaciones entre el Gobierno y KIO para que el ICO conceda un crédito de 15.000 millones están bloquedas.
La entrada de nuevos accionistas en el capital de Torraspapel, cuyo actual consejero delegado e...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Gobierno está estudiando un plan de salvación para Torraspapel, filial de Torras-KIO, elaborado por un grupo industrial catalán que está dispuesto a aportar capital. Éste pone como condición controlar la gestión. La Administración apoya este plan ante el temor de que las deficiencias de la actual gestión y la falta de liquidez colapsen la papelera. La propuesta se produce cuando las negociaciones entre el Gobierno y KIO para que el ICO conceda un crédito de 15.000 millones están bloquedas.
La entrada de nuevos accionistas en el capital de Torraspapel, cuyo actual consejero delegado es Raúl Chamorro, generaría un mayor clima de confianza entre las instituciones financieras, que ahora le niegan créditos. Torraspapel tiene un resultado de explotación positivo pero que no puede mantener por falta de liquidez. Según las fuentes consultadas, las necesidades de financiación bancaria inmediata a las que se enfrenta Torraspapel ascienden a unos 4.000 millones de pesetas, lo que está complicando el funcionamiento diario de la empresa.El proyecto fue presentado al secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, quien lo expuso en una reciente reunión que celebró en Londres con los máximos responsables del grupo kuwaltí KIO.
El apoyo de la Administración a la participación de nuevos accionistas tiene su origen en la convicción de que el actual propietario de Torraspapel, el grupo Torras-KIO, no asumirá en solitario ni las grandes inversiones necesarias para modernizar la empresa, estimadas en 15.000 millones de pesetas, ni las más urgentes para atender las necesidades de financiación, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Este es el caso también de otra empresa del grupo, la química Ercros, cuyas necesidades de liquidez para la cobertura de su fondo de pensiones ascienden a 8.000 millones.
La inquietud de la Administración deriva de la falta de una estrategia empresarial definida por parte de los kuwaitíes, quienes tienen el centro de decisión en Londres. Los actuales gestores no comparten esta preocupación y se resisten a reconocer estas dificultades.
Torraspapel es uno de los principales grupos papeleros españoles, con una facturación cercana a los 80.000 millones de pesetas y una plantilla de 3.900 trabajadores. La papelera posee nueve factorías repartidas en ocho provincias.
La gravedad de la situación financiera por la que atraviesa Torraspapel se comprende si se tiene en cuenta que a raíz de la crisis del Grupo Torras, hace más de un año, la papelera ya estuvo al borde de la suspensión de pagos. Desde entonces, la empresa apenas ha recibido nuevas aportaciones para superar la situación.
Desde hace varios meses, la Administración y los responsables de Torraspapel negocian un acuerdo que permita aportar unos 6.000 millones para financiar la adquisición de materias primas. También se pretende reducir la deuda. Aportación kuwaití
KIO, por su parte, ha propuesto desembolsar 3.000 millones de pesetas directamente al capital de Torraspapel y convertir también en capital un volumen de la deuda que tiene concedida a la empresa. El volumen de esta conversión de deuda en capital equivaldría a la cifra que el ICO facilite en forma de crédito.
Las fuentes de KIO consultadas en Londres opinan que la Administración también debería participar en el capital de Torraspapel con otros 3.000 millones. Esta postura no ha sido asumida por Alfredo Pastor, quien parece dispuesto a asegurar la concesión del crédito del ICO sólo en el caso de que se produzcan cambios en la gestión.