"Amedo y Domínguez no están excluidos de los derechos humanos"

Lleva siete meses de ministro y, a sus 44 años recién cumplidos, sigue entusiasmado en resolver problemas y diseñar leyes. Realizamos la entrevista en el Parlamento, entre una y otra comparecencia, en las que Juan Alberto Belloch aprende a lidiar con diputados, como con periodistas, sin perder ese aire de espontaneidad que le distingue.Pregunta. Desde sectores juridicos que simpatizan con la trayectoria democrática de usted, se espera con cierta ansiedad qué hará en los casos GAL y Linaza. ¿Qué hará?

Respuesta. No me interesa para nada la actitud de quienes se dedican ahor...

Lleva siete meses de ministro y, a sus 44 años recién cumplidos, sigue entusiasmado en resolver problemas y diseñar leyes. Realizamos la entrevista en el Parlamento, entre una y otra comparecencia, en las que Juan Alberto Belloch aprende a lidiar con diputados, como con periodistas, sin perder ese aire de espontaneidad que le distingue.Pregunta. Desde sectores juridicos que simpatizan con la trayectoria democrática de usted, se espera con cierta ansiedad qué hará en los casos GAL y Linaza. ¿Qué hará?

Respuesta. No me interesa para nada la actitud de quienes se dedican ahora a elogiar de manera absolutamente exagerada mi pasado con la única finalidad de poder descalificarme con más intensidad en el futuro eventual. En esos trucos yo no caigo. Soy ya muy mayor. Por lo demás, me parece inculto jurídicarriente mezclar el indulto, que es una decisión graciable que toma el Consejo de Ministros, con el régímen penitenciario. Este último implica llevar a sus últimas consecuencias la Constitución en lo que se refiere a la reinserción y al principio de igualdad, y partiendo de que el sistema de cumplimiento de penas privativas de libertad es progresivo y por grados. Y esto siempre, para todos los casos. Amedo y Domínguez no están excluídos de los derechos humanos.

P. Algunos abogados que patean las cárceles dicen que las prisiones están llenas de condenados en la misma situación de Amedo y Domínguez a los que no se aplica el tercer grado.

R. No pueden pretenderse paralelismos matemáticos, porque estaría reñido con la individualización científica en la aplicación de la pena. Lo que hay que ver es si la medida se mueve en una horquilla razonable. Aunque no trasciende a la prensa, todos los días se están produciendo casos de condenados a 10 o a 12 años que pasan inmediatamente al tercer grado. Además, la decisión administrativa estará sometida, como todas, al control judicial. A veces, estas decisiones son erróneas y saltan a la opinión pública si se trata de un terrorista, o de un violador. Pero mi pasado democrático a lo único que me obliga es a ser coherente y a no hacer excepciones. Yo lo tengo perfectamente claro.

P. Su conocimiento personal del caso Linaza y de la costosa investigación de la juez Elisabeth Huerta, ¿le permitirá tramitar con comodidad un hipotético indulto?

R. Si fuera juez, me tendría que abstener. Pero como ministro de Justicia, cuando se produzca la petición, tendré que tramitarla como cualquier otra. Ahora bien, ésa sí que es una decisión política, que se discute en Consejo de Ministros. No tiene nada que ver con el otro caso.

P. ¿No cree que el indulto favorecería objetivamente la tortura?

R. Evidentemente, ésa es una de las consideraciones que habrá de tener en cuenta el Consejo de Ministros, pero yo no voy a anticipar lo que diré allí.

P. Usted puso como límite a su permanencia en el Gobierno la defensa de los derechos humanos.

R. Sin ninguna duda, y lo que yo sostengo sobre el régimen penitenciario se corresponde exactamente con la defensa de los derechos humanos. Lo contrario es demagogia barata, que pretende hacer excepciones en función del orden de valores de cada uno.

P. Turolense de apellido catalán afincado durante años en Bilbao y hoy en Madrid, ¿cómo ve el conflicto lingüístico?

R. Me preocupa mucho. Se trata de una de las cosas que se hicieron bien desde la época de UCD, no sólo en el terreno de las normas jurídicas, sino también en el de los comportamientos en torno a la Constitución de 1978. Se está creando un problema donde no lo hay, y lo digo yo que tengo hermanos y otra mucha gente próxima en Cataluña.

P. El pacto de Estado sobre la Justicia, ¿goza de buena salud?

R. Bastante buena. No diré absolutamente buena, porque esta semana el PP la ha cuestionado, aunque se han quedado absolutamente solos.

P. Si el Jurado no estuviera previsto en la Constitución, ¿trataría de implantarlo ahora?

R. Yo sí. Ahora bien,en caso sé que no prosperaría.

P. ¿Qué opina del amor libre?

R. (Risas, tras un gesto de sorpresa). Aunque no es competencia del ministro de Justicia, creo que en la vida privada es lícito todo lo que se verifique con libertad, sentimiento y responsabilidad.

P. ¿Va a promover la equiparación jurídica de las parejas homosexuales y heterosexuales?

R. Soy partidario de la tolerancia y el respeto a la vida privada, pero no figura, por ahora, en el programa del departamento.

P. Algunos excesos periodísticos están reprimiéndose, en la práctica, con censura judicial previa. ¿Qué le parece?

R. La censura previa es inconstitucional, aunque sea judicial. Eso está muy claro. La intervención del juez no la legitima, constitucionalmente hablando.

P. ¿Mantendrá la inhabilitación de periodistas?

R. Yo defiendo esa pena exclusivamente para los supuestos en que el periodista actúa por precio, recompensa o promesa, y lo hago sin ningún rubor ni timidez, porque creo que es una forma razonable de defender la libertad de expresión.

P. La insumisión, ¿va a quedar totalmente despenalizada?

R. Lo que está planteado, y aún no resuelto por el Gobierno, es si la privación de libertad es una respuesta adecuada para este delito. Un argumento fundamental en favor de mantener la pena de cárcel es que su supresión podría determinar una multiplicación de los insumisos.

P. ¿El ministro está a favor de suprimir la pena de cárcel?

R. Partiendo de que es un asunto discutible, creo que es el momento de pensar en serio en la supresión. A mí me gusta hacerlo desde la perspectiva del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que vale para los insumisos tanto como para los defraudadores a la Hacienda Pública. Si un ciudadano decide que no cumple con el deber jurídico de colaborar con el Estado, la respuesta coherente es que el Estado tampoco cumpla con él. ¿Por qué le va a dar trabajo en el sector público? Creo que eso y un sistema de multas sería suficientemente disuasorio, porque casi el 90% de las condenas de cárcel por insumisión o no se cumplen o son de mínima duración, mientras que un funcionario de Correos resultará más afectado por la pena.,

P. ¿Qué espera del congreso del PSOE?

R. Sobre todo que acabe absolutamente con que un partido político sea noticia permanente. Debe serlo por lo que hace, no por lo que pueda ocurrir en su interior.

P. Usted ha aparecido junto a los llamados renovadores. ¿No teme posibles fugas de votos en las leyes que usted promueve?

R. Yo soy independiente sin matices, pero no del programa del Gobierno, que voy a tratar de ejecutar todo lo bien que pueda. Respecto del partido, soy absolutamente independiente y no tengo ni quiero ni debo tener ninguna vinculación con ningún grupo, tendencia o como se quiera llamar. Y estoy completamente convencido que voy a tener el apoyo del grupo parlamentario sin matices. De eso tengo pruebas fehacientes.

P. ¿Cree democrático que el líder del partido pida manos libres para hacer la ejecutiva?

R. Creo que mi obligación, como independiente, es no opinar.