Correos expulsa a siete funcionarios tras ser condenados por delitos de robo
La Dirección General de Correos ha expulsado del organismo autónomo a siete funcionarios sobre los que han recaído sentencias firmes de los tribunales por la comisión de delitos de distinta índole. La expulsión supone el cese del servicio activo, la pérdida de la condición de funcionario y la inhabilitación de por vida o durante un periodo de tiempo, según órdenes rubricadas por la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado, y el director de Correos, Luis Egusquiza.Los mencionados funcionarios desempeñaban sus tareas en oficinas de Barcelona (2), Sevilla, Huesca, Granada, Valencia y A...
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La Dirección General de Correos ha expulsado del organismo autónomo a siete funcionarios sobre los que han recaído sentencias firmes de los tribunales por la comisión de delitos de distinta índole. La expulsión supone el cese del servicio activo, la pérdida de la condición de funcionario y la inhabilitación de por vida o durante un periodo de tiempo, según órdenes rubricadas por la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado, y el director de Correos, Luis Egusquiza.Los mencionados funcionarios desempeñaban sus tareas en oficinas de Barcelona (2), Sevilla, Huesca, Granada, Valencia y Arenys de Mar (Barcelona). Las sentencias firmes que pesan so re ellos conllevan penas de arresto que oscilan entre los dos meses y los 15 años. En la mayoría de los casos se debe a la comisión de delitos de apropiación in debida, bien sea de dinero procedente de la Caja Postal -más de 10 millones en el caso más grave, ocurrido en Huesca- o extraído de fondos de impositores que, si bien se hacían constar en sus libretas de ahorro, no se incluían en el balance de la caja. Otro procedimiento desplegado para robar ha sido apoderarse de giros postales particulares. En algún caso la inhabilitación se ha aplicado por apropiarse de correspondencia y a J. N. R.-P., de Barcelona, se le ha condenado a un año de prisión menor por delito de estafa en el uso de tarjetas de crédito robadas.
En todos los casos se trata de apropiaciones que superan la cuantía de las 30.000 pesetas. A partir de esta cantidad, Correos envía los expedientes internos a los tribunales de justicia para que sean ellos quienes diriman las responsabilidades de los funcionanos.