Ruiz Gallardón critica en Madrid lo que ya hace el PP en Castilla y León

Al Partido Popular en la Asamblea de Madrid le ha salido el tiro por la culata. El presidente del grupo, Alberto Ruiz Gallardón, denunciará hoy que el consejero de Cooperación, Virgilio Cano, se niega a facilitarles copias de los contratos que ha firmado desde que estalló, hace un año, el escándalo Atocha. Cano razona que no puede dedicar a sus funcionarios a fotocopiar todos los expedientes que se le piden y propone al PP que se revisen en la consejería. El PSOE regional ha buscado la réplica en Castilla y León, donde un consejero del PP contestó de similar manera a una de sus parlamentarias....

Al Partido Popular en la Asamblea de Madrid le ha salido el tiro por la culata. El presidente del grupo, Alberto Ruiz Gallardón, denunciará hoy que el consejero de Cooperación, Virgilio Cano, se niega a facilitarles copias de los contratos que ha firmado desde que estalló, hace un año, el escándalo Atocha. Cano razona que no puede dedicar a sus funcionarios a fotocopiar todos los expedientes que se le piden y propone al PP que se revisen en la consejería. El PSOE regional ha buscado la réplica en Castilla y León, donde un consejero del PP contestó de similar manera a una de sus parlamentarias.

El PP, que fustigó diariamente al presidente regional hace un año por las contrataciones irregulares denunciadas en el caso Atocha, contratacó hace 10 días. El secretario del grupo, Manuel Cobo, se quejó de que el mismo consejero implicado entonces en el escándalo -Virgilio Cano- lleva 12 meses sin suministrarles ninguna información escrita sobre los contratos que ha formalizado, en este tiempo.Cuatro diputados del PP (Antonio Beteta, José Luis Moreno, Carmen Álvarez Arenas y Pedro Muñoz) habían reclamado en estos meses documentos sobre 165 contratos. El consejero tardó 10 meses en explicar sus razones y, además,lo hizo reglamentaria y oficialmente, pero a través de otro consejero, el de Presidencia.

Cano escribió: "En relación con las peticiones de información solicitadas por varios diputados del grupo parlamentario popular, relativas a diversos expedientes de adjudicación de contratos, te ruego pongas en conocimiento del citado grupo parlamentario que, dado el número tan elevado de expedientes solicitados (aproximadamente 165, en el caso de esta Consejería), que supondría un elevadísimo número de fotocopias (alrededor de 50.000), los expedientes solicitados se encuentran a su disposición en la sede de esta Consejería, Ronda de Atocha, 17, para cualquier consulta, aclaración o dato que cualquiera de los diputados solicitantes quiera ver o contrastar".

La contestación de Virgilio Cano, efectivamente, parece algo evasiva, pero es incluso más completa -precisa más datos- que la de su compañero de cargo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Junta de Castilla y León, Francisco Jambrina Sastre, a la interpelación curiosa de una diputada del PSOE. La parlamentaria socialista Carmen García Idosado preguntó a Jambrina sobre las denuncias de unas actividades insalubres, molestas, nocivas y peligrosas.

La pregunta se inscribió en el registro de Fuensaldaña [sede de las Cortes de Castilla y León] el 16 de julio y Jambrina envió su respuesta el 14 de octubre, sólo tres meses después.

"En relación a la pregunta referenciada, le señalo que, debido al volumen de datos que sería preciso recoger para formular su contestación por escrito, no nos es posible realizarla. Por ello le ofrezco la colaboración de la Consejería y pongo a su disposición los archivos de la Dirección de Urbanismo, donde podrá recabar los datos que desea", se justificó Francisco Jambrina.