El letrado del Estado exime a los jornaleros de devolver el dinero defraudado al PER

El Estado pidió ayer que la Administración, por medio del Ayuntamiento de Padul (Granada), asuma el pago, como responsable civil subsidiario, de los 96 millones de pesetas defraudados por los 28 jornaleros que cobraron falsas peonadas del Plan de Empleo Rural (PER), a los que no inculpó. Con anterioridad, el ahogado del Estado intentó dejar bien claro que la Administración no tuvo responsabilidad en el fraude. Nicasio Angulo, defensor del ex alcalde de Padul, mostró su sorpresa ante el tribunal por tan paradójica petición.

El abogado del Estado, que sólo ha acusado de un supuesto delito...

El Estado pidió ayer que la Administración, por medio del Ayuntamiento de Padul (Granada), asuma el pago, como responsable civil subsidiario, de los 96 millones de pesetas defraudados por los 28 jornaleros que cobraron falsas peonadas del Plan de Empleo Rural (PER), a los que no inculpó. Con anterioridad, el ahogado del Estado intentó dejar bien claro que la Administración no tuvo responsabilidad en el fraude. Nicasio Angulo, defensor del ex alcalde de Padul, mostró su sorpresa ante el tribunal por tan paradójica petición.

El abogado del Estado, que sólo ha acusado de un supuesto delito de defraudación a la Hacienda Pública al ex alcalde Diego García Villena, de IU, y no ha inculpado, en cambio, a los jornaleros, reconoció la aparente contradicción que supone pedir que el ayuntamiento sufrague, con dinero proveniente del Estado, el producto de un fraude contra el Estado por valor de 96 millones. Sin embargo, el letrado dijo que el Estado ha sido declarado en múltiples ocasiones responsable civil subsidiario y que, en esta ocasión, correspondía al Ayuntamiento de Padul, es decir a la Administración local, responder del fraude en caso de insolvencia de García Villena.Para el representante del Estado no se debe pedir a cada jornalero que devuelva la cantidad cobrada irregularmente puesto que hay un responsable: el alcalde. Para acrecentar la sorpresa, el abogado del Estado animó a García Villena a que entablara acciones jurídicas contra los 28 perceptores para recuperar los 96 millones que, a su entender, pagaría en caso de solvencia.

La petición de la Abogacía del Estado no sería tan sorprendente si antes no hubiera dedicado la mayor parte de su intervención a probar que la Administración no tuvo nada que ver, ni por dejación ni por complicidad, con el supuesto fraude. El abogado estatal aseguró que la Administración actuó en 1987, tres años después de que se implantara el nuevo sistema, debido a la confianza inicial que le inspiraban los ayuntamientos.

El abogado del Estado reprochó a García Villena haber acusado sin pruebas documentales a un gobernador civil de la provincia, no identificado, de alentar la firma de peonadas de favor. "Esas declaraciones jamás se debieron hacer, porque son calumnias; o se prueban o se callan. El acusado ha tenido tiempo para probar sus afirmaciones o, al menos, haberlo intentado, y no lo ha hecho", señaló.

Nicasio Angulo, defensor del ex alcalde, por su lado, leyó un párrafo del acta de una reunión celebrada en 1988 entre los responsables de Trabajo y del extinto Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que el entonces delegado de Trabajo pedía que la inspección actuara con comedimiento en el fraude del PER.

Según el abogado del Estado, lo que quiso decir el representante del Ministerio de Trabajo es que los inspectores fueran más tolerantes respecto al régimen de la Seguridad Social en donde los ayuntamientos cotizaban peonadas sin relación con trabajos agrícolas.

El abogado del ex alcalde probó ayer cómo en el Gobierno Civil de Granada hubo una reunión a la que sólo asistieron los alcaldes del PSOE que tenían problemas con la inspección de Trabajo para alcanzar alguna solución. El defensor reiteró que el Estado "conocía los hechos y ni hizo nada".

Frente a la petición del fiscal de una pena de dos años y ocho meses al ex alcalde y tres meses a cada uno de los jornaleros, Angulo pidió la absolución de todos ellos, dado que, a su entender, la conducta no es delictiva y sólo merece una sanción administrativa, pues la cuantía de lo defraudado no supera los 2,5 millones.