Caídos por Dios y por España, ¿aún presentes?

La lápida ha aguantado casi 55 años y ahí está, como si se tratara de ayer, desde que el 29 de marzo de 1939 la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, designada por el partido único de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, ordenó colocarla "en lugar destacado del salón de actos". Ahí sigue estando, como se mandó, "con los nombres de los compañeros caídos" -"¡presentes"-, y costeada "por suscripción obligatoria de cinco pesetas entre los colegiales". Hoy, en la primera junta general de 1994, letrados de la Asociación Libre de Abogados (ALA) pedirán que se suprima o se s...

La lápida ha aguantado casi 55 años y ahí está, como si se tratara de ayer, desde que el 29 de marzo de 1939 la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, designada por el partido único de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, ordenó colocarla "en lugar destacado del salón de actos". Ahí sigue estando, como se mandó, "con los nombres de los compañeros caídos" -"¡presentes"-, y costeada "por suscripción obligatoria de cinco pesetas entre los colegiales". Hoy, en la primera junta general de 1994, letrados de la Asociación Libre de Abogados (ALA) pedirán que se suprima o se sustituya por otra encabezada así: "Abogados fallecidos a causa de la guerra civil".La Asociación Libre de Abogados defenderá hoy en la junta general un ruego para que la junta de gobierno retire la lápida, "en la que figuran nombres de abogados del denominado bando nacional, 'caídos por Dios y por España". Y para el caso de que se considere necesario mantener una lápida que recuerda "un suceso histórico finalizado hace casi 55 años", propone que se sustituya por una en la que figuren, "sin distinción de ideologías o credos, los nombres de todos los abogados de este colegio muertos a causa de dicho conflicto".

Los abogados de ALA aseguran que no es la primera vez que se plantea una petición similar, tanto a la junta de gobierno presidida por el fallecido Antonio Pedrol Rius, como a la actual, encabezada por Luis Martí Mingarro. Una y otra "se negaban, año tras año, a su retirada o sustitución, con el argumento de que ello provocaría un conflicto entre los colegiados, cuando en realidad", explica Pedro Feced, uno de los proponentes, "es la lápida la que mantiene vivo el conflicto, como no puede ser de otra forma, dados sus orígenes".

Otro de los proponentes, José Luis Galán, recuerda que la junta de gobierno fue designada en 1939 por Falange Española, tras solicitar y obtener la ratificación de sus nombramientos "por el coronel auditor de guerra del Ejército de ocupación". Una vez constituida, la junta adoptó una serie de acuerdos pintorescos, vistos desde la perspectiva actual. Uno de ellos, la colocación de la lápida, sigue en vigor.

Entre los restantes acuerdos destaca el que ordena "proceder a la depuración de los señores letrados". Otro fue el de "expulsar del colegio a todos los letrados que más se hayan caracterizado como izquierdistas durante la dominación roja" y el de "nombrar decanos honorarios de la corporación al glorioso caudillo generalísimo Franco, y a los mártires de nuestra revolución, José Antonio [Primo de Rivera], fundador de la Falange, y José Calvo Sotelo".

Los letrados de ALA entienden que "sólo una absoluta insensibilidad y desconocimiento de la realidad social de nuestro colegio, de la sociedad española actual y de la historia", dicen, "puede hacer que dicha lápida se considere por la junta de gobierno digna de ser mantenida, cuando la misma, por su origen, es la expresión del revanchismo del bando victorioso en una guerra civil". La respuesta, en la junta general de hoy.