Alquileres definitivos

LA REFORMA del marco legal de los arrendamientos urbanos está resultando ser una de las más laboriosas de cuantas han propiciado los Gobiernos socialistas. Los intereses en juego, los distintos puntos de vista barajados para conjugarlos y la interferencia de citas electorales se han dado la mano para que una reforma que empezó a discutirse en la primera legislatura socialista sólo haya podido llevarse a la práctica en los inicios de la cuarta.Parece que esta vez se dan todas las condiciones para desbloquear una situación anómala que perdura en nuestro país desde hace décadas y que razones de t...

LA REFORMA del marco legal de los arrendamientos urbanos está resultando ser una de las más laboriosas de cuantas han propiciado los Gobiernos socialistas. Los intereses en juego, los distintos puntos de vista barajados para conjugarlos y la interferencia de citas electorales se han dado la mano para que una reforma que empezó a discutirse en la primera legislatura socialista sólo haya podido llevarse a la práctica en los inicios de la cuarta.Parece que esta vez se dan todas las condiciones para desbloquear una situación anómala que perdura en nuestro país desde hace décadas y que razones de todo tipo -legales, económicas y sociales- urgen a no prolongar por más tiempo. Existe un proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) suficientemente elaborado, tiempo para discutirlo sin sobresaltos y una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlo. Es decir, nada debería impedir que a mediados de año quede enterrada de una vez una legislación -tanto la congeladora e intervencionista Ley de Alquileres de 1964 como el ultraliberal decreto Boyer de 1985- que ha provocado situaciones cada vez más insoportables para los arrendadores, en el primer caso, y para los inquilinos, en el segundo.

La nueva remisión del proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al Congreso de Diputados, acordada por el Consejo de Ministros del pasado viernes, tiene, pues, todos los visos de ser la definitiva. Ciertamente, el actual texto ley no es al ciento por ciento el mismo parcialmente discutido en la anterior legislatura y que decayó en abril pasado por la convocatoria de las elecciones del 6 de junio. Como es lógico, responde a la nueva situación parlamentaria, en la que Convergència i Unió se ha convertido en el imprescindible sostén legislativo del Gobierno. De ahí que el nuevo proyecto de ley recoja algunas sugerencias aportadas por los nacionalistas catalanes, tendentes sobre todo a arbitrar soluciones más equilibradas en la actualización de los alquileres antiguos de oficinas y de locales de negocio.

Es ésta una reforma controvertida: porque afecta a grupos de población, arrendadores y arrendatarios, con intereses económicos no ya diferentes sino contrapuestos. El proyecto intenta hacerlos compatibles hasta donde sea posible, dosificando la consideración de ciertos derechos adquiridos con las condiciones reales del mercado inmobiliario.

Desde el punto de vista económico es obligado acabar con el estrangulamiento de un sector del mercado sometido a un intervencionismo discriminador y oneroso, como es el de los alquileres congelados y sujetos a prórroga forzosa (aproximadamente, 1,7 millones). Como lo es, desde unas mínimas exigencias de seguridad jurídica y de estabilidad vital, acabar con la excesiva temporalidad -un año- de los contratos de arrendamiento de viviendas (unos 200.000) establecidos al amparo del decreto Boyer.

Lo problemático es el diseño de la reforma, así como el tiempo y la manera como debe ser llevada a la práctica. En lo que se refiere a los alquileres acogidos al decreto Boyer, no es descabellado, ni oneroso para la parte arrendadora, que pasen a tener una duración mínima de cuatro años y con una actualización de renta según el IPC previsto.

Más discutibles pueden ser los plazos de actualización de alquileres o, en su caso, de extinción de contratos, en lo que se refiere a viviendas y locales de negocio de renta antigua, y entre éstos, a los que tengan menos de cinco trabajadores fijos. No puede ignorarse que una parte importante de los afectados por la reforma son familias con rentas bajas, pensionistas y pequeños comerciantes con dificultades en su negocio. Sin plazos ni soluciones transitorias que hagan soportable el periodo de adaptación, la reforma del régimen arrendaticio sería inviable. El que unos y otras sean razonables y asumibles por las partes, aunque alguna con mayor sacrificio que la otra, depende ahora del buen sentido de los diputados que tendrán que discutir y aquilatar el proyecto legislativo elaborado por el Gobierno.