Clinton quiere implantar un permiso obligatorio de armas a nivel nacional

Decidido a actuar rápidamente para atajar la violencia tras el impacto provocado por la matanza en un tren de Nueva York, el presidente norteamericano, Bill Clinton, ha creado un grupo de trabajo especial para estudiar un conjunto de medidas contra el crimen, entre las que la primera será la creación de un permiso de armas obligatorio a nivel nacional.

Bill Clinton celebró ayer en la Casa Blanca una cumbre contra el crimen en la que participaron la fiscal general, Janet Reno, y los jefes de policía y alcaldes de algunas de las ciudades más afectadas por la violencia. En 1990, más de 23....

Decidido a actuar rápidamente para atajar la violencia tras el impacto provocado por la matanza en un tren de Nueva York, el presidente norteamericano, Bill Clinton, ha creado un grupo de trabajo especial para estudiar un conjunto de medidas contra el crimen, entre las que la primera será la creación de un permiso de armas obligatorio a nivel nacional.

Bill Clinton celebró ayer en la Casa Blanca una cumbre contra el crimen en la que participaron la fiscal general, Janet Reno, y los jefes de policía y alcaldes de algunas de las ciudades más afectadas por la violencia. En 1990, más de 23.000 personas fueron asesinadas en las calles de EE UU. Más de dos terceras partes de ellas, con armas de fuego.Por esa razón, la fiscal general propuso la imposición de un permiso de armas. En este momento no existe ningún tipo de reglamentación nacional sobre la venta de pistolas, fusiles y metralletas. Su compra está únicamente regulada al nivel de los Estados, de forma diferente en cada uno de ellos.

"Habría que hacer como mínimo tan dificil obtener una licencia de armas como un permiso de conducir" dijo Reno, quien manifestó que, en esta posición, cuenta con el respaldo del presidente Clinton.

El proyecto del Gobierno, que sin duda despertará gran oposición en el Congreso y en algunos sectores de la sociedad, pretende que cada aspirante a la compra de un arma tenga que pasar previamente por un examen en el que pruebe sus condiciones psicológicas y físicas. Al mismo tiempo, se dará a las autoridades tiempo para investigar el pasado delictivo del futuro poseedor de un arma.

Ese permiso, que a ojos españoles puede ser considerado como una mínima medida de prudencia, suena revolucionario en EE UU. El derecho a poseer armas, enraizado en los propios orígenes de este país, está garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución y es utilizado por millones de norteamericanos como un instrumento para defender su vida y la de su familia.

La famosa ley Brady -que simplemente establece un plazo de cinco días antes de que el comprador de armas pueda llevarse su mercancía- fue aprobada el mes pasado después de siete años de duro debate en el Congreso.

Esta ley forma parte de un paquete legislativo presentado por la Administración contra el crimen, y en el que destaca también la aprobación de fondos para la creación de 100.000 policías más. Ahora Clinton considera que ese paquete se ha quedado anticuado, antes incluso de su entrada en vigor, y quiere ir más lejos en su ofensiva contra la violencia. El crimen ha sido citado en encuestas, recientes como la principal preocupación de los ciudadanos norteamericanos, por encima incluso de la situación economica o el desempleo.

Como parte de esa ofensiva, la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Donna Shalala, anunció ayer: "El presidente nos ha pedido unir a los departamentos más relevantes en una acción conjunta [task force, en el lenguaje político norteamericano]. Reconstruir la sociedad civil es una prioridad en estos momentos, es un tema complejo que requiere una solución de conjunto".