Parte de la dirección del PP se opone a llevar a los tribunales al Gobierno por el 'caso KIO'

El caso KIO, uno de los torpedos de mayor potencia lanzado por el Partido Popular en la última campaña electoral, permanece congelado en los sótanos de la sede nacional, en Génova, 13, al haber surgido discrepancias sobre su manejo. Un sector de la ejecutiva del PP se opone a emprender las acciones judiciales contra miembros y ex miembros del Gobierno -Felipe González, Narcís Serra y el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga anunciadas por el secretario general el 10 de mayo pasado, porque teme que una decisión contraria de los jueces o una absolución final tenga efectos contraproducentes y ...

El caso KIO, uno de los torpedos de mayor potencia lanzado por el Partido Popular en la última campaña electoral, permanece congelado en los sótanos de la sede nacional, en Génova, 13, al haber surgido discrepancias sobre su manejo. Un sector de la ejecutiva del PP se opone a emprender las acciones judiciales contra miembros y ex miembros del Gobierno -Felipe González, Narcís Serra y el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga anunciadas por el secretario general el 10 de mayo pasado, porque teme que una decisión contraria de los jueces o una absolución final tenga efectos contraproducentes y "diluya las responsabilidades".El sector del PP contrario al inicio de acciones judiciales argumenta que es mejor dejar el caso KIO en el terreno de la responsabilidad política, porque llevarlo a los tribunales implica el riesgo de lo que denomina "efecto Juan Guerra". El hermano del ex vicepresidente del Gobierno, señala este sector, es considerado generalizadamente responsable de comportamientos poco éticos "y, sin embargo, la cascada de absoluciones en los tribunales le permite presentarse ante la opinión pública como una víctima".

Bajo la dirección de Francisco Álvarez Cascos, el PP formó tras el escándalo de la mayor suspensión de pagos de España una comisión de investigación propia. Sus trabajos se plasmaron en un informe de 500 páginas que fue presentado en público a bombo y platillo el 10 de mayo, con el morbo añadido de la proximidad de las elecciones. El trabajo confirmaba con pruebas, según el secretario general del PP, la tesis mantenida desde el principio. Al omitir en el caso de KIO la autorización previa del Consejo de Ministros, legalmente imprescindible para las inversiones de Gobiernos extranjeros, varios miembros del Ejecutivo habían incurrido en prevaricación.

Las pruebas más importantes presentadas por el PP consistían en el registro en Transacciones Exteriores de algunos trasvases de acciones desde KIO a la subsidiaria holandesa Spreew Onroerend y, en especial, un informe de Manuel Conthe, por entonces director general de Transacciones Exteriores, fechado el 27 de junio de 1988 y dirigido a altos responsables de Economía y Hacienda, cuyo titular era Carlos Solchaga.

Inversiones

El informe de Conthe denunciaba "una manifiesta discordancia entre la previsión normativa y la realidad" en el tratamiento y tramitación de las inversiones de KIO, "como si se tratara de inversiones efectuadas por inversores privados". Conthe proponía varios posibles remedios, que nunca fueron aplicados. Los incursos en prevancacion por haber tomado decisiones injustas a sabiendas, según el PP, eran el jefe del Gobierno, Felipe González; el vicepresidente, Narcís Serra, y el hoy portavoz del Grupo Socialista, Carlos Solchaga.Fuentes de la dirección del partido han reconocido que el asunto está "congelado". Todos los responsables nacionales que se han pronunciado sobre el asunto en los órganos de dirección están de acuerdo en la existencia de presuntas responsabilidades penales, además de las políticas. "La cuestión no admitiría dudas", señala uno de los miembros de la comisión de investigación, "si el fiscal general del Estado, como ocurriría en cualquier país normal, actuara de oficio desde que se conocen públicamente los Indicios y pruebas que nosotros hemos presentado a la opinión pública". Pero Eligio Hernández, titular de la fiscalía, es objeto de la máxima desconfianza por parte del PP.Descartada "por puro realismo" la intervención de la fiscalía, el PP barajó la posibilidad de ir a los tribunales.