Libertad sin fianza para Godó tras declarar por el 'caso de las escuchas'
Javier Godó presidente-editor de La Vanguardia, prestó ayer declaración por un supuesto delito de escuchas ilegales ante el juez Eduardo Navarro, quien no adoptó ninguna medida cautelar sobre su libertad, aunque le mantuvo como imputado. El juez ha conocido que el locutor Antonio Herrero recomendó a Godó que contratara a Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, uno de los presuntos jefes de esta red, hecho que se presume ha sido objeto del interrogatorio. El juez levantó la incomunicación de cuatro de los principales detenidos.
A diferencia de otros supuestos implicados ya en libertad, Godó no tu...
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Javier Godó presidente-editor de La Vanguardia, prestó ayer declaración por un supuesto delito de escuchas ilegales ante el juez Eduardo Navarro, quien no adoptó ninguna medida cautelar sobre su libertad, aunque le mantuvo como imputado. El juez ha conocido que el locutor Antonio Herrero recomendó a Godó que contratara a Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, uno de los presuntos jefes de esta red, hecho que se presume ha sido objeto del interrogatorio. El juez levantó la incomunicación de cuatro de los principales detenidos.
A diferencia de otros supuestos implicados ya en libertad, Godó no tuvo que depositar fianza alguna ni tendrá que presentarse periódicamente en el juzgado, excepto si el magistrado vuelve a requerir su presencia, lo que le fue advertido. Fuentes jurídicas precisaron que al interrogario de Godó seguirán otros, además de otras diligencias no testificales. Todo ello sigue permaneciendo bajo secreto, decretado por el juez. La declaración de Godó se prolongó casi una hora. Al salir del juzgado, el editor de La Vanguardia manifestó que entendía que el juez le hubiese llamado a declarar "porque lo habrá considerado necesario".Ante los medios de comunicación, Godó insistió en proclamar su inocencia en la investigación en curso por la que todavía permanecen en prisión seis personas, entre ellas el ex coronel del Cesid, Fernando Rodríguez González y el propio Miguel Ruiz Martínez.
Fuera de estas manifestaciones públicas, tanto Godó como su abogado, Francesc Jufresa, declinaron ofrecer ninguna información complementaria sobre su testimonio debido al secreto sumarial.
Fuentes próximas al caso apuntaron que Godó insistió en negar que conociera la existencia de pinchazos, tanto los sufridos como víctima como los pretendidamente ordenados, y se limitó a reconocer que contrató los servicios de seguridad de esta trama.
En el curso de esta declaración, Godó, según fuentes jurídicas que han tenido conocimiento de su desarrollo, se daba por seguro que Godó confirmó que fue Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, fue la persona que le recomendó contratar al entonces coronel del Cesid. Estas fuentes apuntaban que Godó habría confirmado el hecho -ya admitido por el hoy locutor de la Cope, Antonio Herrero-, de que fue este periodista quien le recomendó fichar al antiguo infiltrado en ETA, Miguel Ruiz Martínez.
En junio pasado, en plena negociación del contrato de este pretendido asesor de seguridad, Godó recibió una llamada anónima en su domicilio que se simulaba que partía de un funcionario del juzgado número 2 de Valencia por supuesto fraude del IVA, y le advertía que un escándalo mayor estaba a punto de venírsele encima.
Según fuentes jurídicas, Godó no fue objeto de ninguna extorsión, pero sí vivió como amenaza aquella llamada, cuyo origen no supo descifrar entonces. Según fuentes de la investigación, Godó acudió a su secretaria, Gemma Guillén López, quien pidió informes al equipo del Lobo. Días después era contratado el coronel.
El Cesid, interesado por el caso
El ministro de Defensa, Julián García Vargas, aseguró ayer, "para tranquilizar a la "opinión pública", que en la red de escuchas ilegales descubierta en Barcelona "no hay involucrado nadie que esté activo en el Cesid", el servicio secreto militar. García Vargas aseguró, en los pasillos del Congreso de los Diputados, que los implicados "son personas que han pertenecido al Cesid pero están fuera de él desde hace tienipo". El ministro de Defensa basó esta aseveración en los informes recibidos por dos agentes del servicio secreto que se trasladaron a Barcelona "para interesarse de fuentes de la judicatura de las investigaciones realizadas por la policía", respecto al caso.
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