Los republicanos obstruyen en el Senado el control de la venta de armas en EE UU

Una complicada estrategia de obstuccionismo parlamentario, que el fondo revela la fuerte resistencia de los republicanos, mantenía todavía estancada ayer en el Senado norteamericano la famosa y controvertida ley Brady, que pretende imponer un ligero control a la venta de armas de fuego.

Pese a que hubiera sido aprobada ya hace días por la Cámara de Representantes y el pasado sábado por el Senado, la minoría republicana volvió a obstaculizar en la madrugada del martes la ley Brady cuando ésta llegó al comité de reconciliación Cámara-Senado para unificar todas las modificacione...

Una complicada estrategia de obstuccionismo parlamentario, que el fondo revela la fuerte resistencia de los republicanos, mantenía todavía estancada ayer en el Senado norteamericano la famosa y controvertida ley Brady, que pretende imponer un ligero control a la venta de armas de fuego.

Pese a que hubiera sido aprobada ya hace días por la Cámara de Representantes y el pasado sábado por el Senado, la minoría republicana volvió a obstaculizar en la madrugada del martes la ley Brady cuando ésta llegó al comité de reconciliación Cámara-Senado para unificar todas las modificaciones que se le habían introducido durante el largo proceso parlamentario.Después de su aprobación por los representantes, los senadores republicanos habían exigido la pasada semana nuevas modificaciones para acceder a su aprobación en la Cámara alta. El texto aprobado en el Senado pasó el lunes a discusión en el comité de reconciliación. Lo que salió de la discusión en ese comité contenía, a juicio de los republicanos, rectificaciones sustanciales sobre la ley que ellos aceptaron en el Senado. La consecuencia fue que el líder del grupo de la oposición derechista, Bob Dole, volvió a bloquear el nuevo texto. La Cámara, donde la mayoría demócrata es más amplia, pasó, sin embargo, en la misma madrugada de ayer la nueva redacción de la ley sin problemas.

La controvertida ley Brady, que lleva el nombre del funcionario de la Casa Blanca herido en el atentado que sufrió el presidente Ronald Reagan, es uno de los principales instrumentos del paquete legislativo anticrimen propuesto por el Gobierno del presidente Bill Clinton.

Se trata de una normativa para que el comprador de armas de fuego en Estados Unidos tenga que esperar un plazo de cinco días antes de que se le entregue su mercancía. Durante ese periodo de tiempo son investigados los antecedentes policiales y psiquiátricos del comprador.