Javier Godó, citado a declarar por las escuchas telefónicas ilegales

Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 de Barcelona, ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente-editor del diario La Vanguardia, Javier Godó, en relación con el caso de las escuchas telefónicas ilegales. Godó se ofreció días atrás a prestar declaración voluntariamente para esclarecer su papel en el asunto. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, manifestó ayer mismo que es partidario de endurecer las penas para sancionar las escuchas telefónicas ilegales.

El hecho de que la citación de Godó se produzca en calidad de imputado, le permitirá al empresario peri...

Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 de Barcelona, ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente-editor del diario La Vanguardia, Javier Godó, en relación con el caso de las escuchas telefónicas ilegales. Godó se ofreció días atrás a prestar declaración voluntariamente para esclarecer su papel en el asunto. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, manifestó ayer mismo que es partidario de endurecer las penas para sancionar las escuchas telefónicas ilegales.

El hecho de que la citación de Godó se produzca en calidad de imputado, le permitirá al empresario periodístico ser asistido de abogado. Su comparecencia se inscribe en unas diligencias abiertas sobre unos cargos definidos en el escrito judicial como "amenazas condicionales" y "divulgación de secretos".El testimonio del presidente-editor de La Vanguardia ante el juez vendrá a unirse al ya prestado por dos empleados del diario: su secretaria personal, Gernma Guillén López -habitual interlocutora de la trama y actualmente libre, pero a disposición del juzgado-, y la de un administrativo del rotativo, José Tomás Brenchat, en igual situación.

En relación con este caso, fuentes judiciales negaron que el juez Eduardo Navarro haya requerido información a otro juzgado de Barcelona-el2 de Instrucción- sobre un supuesto delito fiscal cometido con facturas falsas de la editora de La Vanguardia, en contra de las noticias recientemente difundidas. Este hecho viene a corroborar el origen extrasumarial de algunas informaciones y su vinculación con informes elaborados por la trama extorsionadora.

El presidente de la sociedad, Javier Godó, declaró por estos hechos en el citado juzgado el pasado 2 de abril. Lo hizo en calidad de inculpado y fue interrogado por unas facturas giradas por tres sociedades a TISA, la editora de La Vanguardia.

Godó declaró entonces que él no intervenía en esas cuestiones, que eran asumidas por los responsables financieros de la sociedad. En esa época, 1989 y 1990, la dirección financiera recaía en Carlos Fajardo, destituido en 1991 por Godó por supuesta deslealtad. Fa ardo también declaró en relación con las citadas facturas -por un importe de unos 38 millones de pesetas- como inculpado. Miguel Izquierdo Guillén, jefe de seguridad de La Vanguardia y presunto miembro de la red, salió ayer en libertad de la cárcel Modelo de Barcelona tras pagar la fianza impuesta.

Condenas acordes

Ayer mismo, Juan Alberto Belloch aludió en Barcelona a este caso: "Tengo la intención de proponer al Gobierno reformar el tipo penal para que las condenas sean más acordes con el bien jurídico a proteger, ya que se trata de derechos fundamentales", precisó. Según Belloch, la reforma se debería llevar a cabo en la parte especial del Código Penal.

El ministro afirmó que la sanción actual -de arresto mayor, que oscila entre un mes y seis meses, y con multas que van de las 100.000 a las 500.000 pesetas- está muy alejada de la gravedad de los hechos. Comentó que la pena prevista es "un ejemplo de sanción no adecuada de conductas que provocan una grave alarma social", y que se han producido desfases respecto de la realidad social.

Belloch añadió que hay tipos penales que están desfasados respecto a la realidad social y otros que se han visto superados en el tiempo porque el legislador no podía prever la evolución de la tecnología. El ministro, en alusión a este caso de escuchas ilegales y extorsión destapado en Barcelona, insistió en que se trata de prácticas graves en cuanto provocan indefensión al ciudadano.