Expertos tributarios piden la reforma urgente de la figura de delito fiscal
Un grupo de destacados expertos en el sistema tributario formularon ayer una petición pública al Gobierno para que resuelva la situación de aquellas personas que han regularizado su fraude a Hacienda. La reforma del IRPF exculpaba a éstos de responsabilidad penal, si bien la Audiencia Nacional dictó un auto el pasado 30 de junio en el que declaraba que 1 la regularización no eximía de los delitos cometidos (fraude fiscal, falsedad documental). La campaña de regularización supuso un ingreso en las arcas del Estado de 1,8 billones de pesetas, pero ello no ha evitado que los defraudadores que reg...
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Un grupo de destacados expertos en el sistema tributario formularon ayer una petición pública al Gobierno para que resuelva la situación de aquellas personas que han regularizado su fraude a Hacienda. La reforma del IRPF exculpaba a éstos de responsabilidad penal, si bien la Audiencia Nacional dictó un auto el pasado 30 de junio en el que declaraba que 1 la regularización no eximía de los delitos cometidos (fraude fiscal, falsedad documental). La campaña de regularización supuso un ingreso en las arcas del Estado de 1,8 billones de pesetas, pero ello no ha evitado que los defraudadores que regularizaron estén acusados en un proceso penal.Este grupo, integrado por Rafael de Mendizábal, magistrado del Tribunal Constitucional; Miguel Moreiras, juez de delitos monetarios; José Aranda y Ángel Calderón, fiscal jefe y juez de lo penal de la Audiencia Nacional respectivamente; Manuel Lamela, abogado de la Agencia Tributaria y José Manuel Díaz Arias, director del Foro de Abogados Tributaristas, pidió también que el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, dicte una instrucción unificando los criterios de interpretación de todos los fiscales.
En el curso de un seminario sobre Delito Fiscal y Regularización, organizado en Madrid, el juez Moreiras defendió que todo aquel que satisfaga su deuda con Hacienda queda exento de delito, atendiendo a una realidad socioeconómica y argumentó que no se pueden hacer oídos sordos a las opiniones de la ciudadanía.