Un modelo que hace agua
La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada en 1988, nació con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Nada más lejos de haberse conseguido. La situación económica en la que se encuentran hoy muchos de ellos es más grave que hace cinco años. Un reciente estudio, encargado por la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) al catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Antoni Castells, constata este fracaso y vaticina el colapso económico de los ayuntamientos, a tres años vista, si no se reforma el modelo de financiación.El di...
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La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada en 1988, nació con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Nada más lejos de haberse conseguido. La situación económica en la que se encuentran hoy muchos de ellos es más grave que hace cinco años. Un reciente estudio, encargado por la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) al catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Antoni Castells, constata este fracaso y vaticina el colapso económico de los ayuntamientos, a tres años vista, si no se reforma el modelo de financiación.El diagnóstico no puede ser más negro. Los gastos municipales han aumentado estos años muy por encima de los ingresos, a pesar del incremento de la presión fiscal, lo cual ha obligado a elevar el nivel de endeudamiento (y ni siquiera así se ha conseguido aumentar el peso de la administración local en el conjunto del gasto público: un 14%). Ha llegado un momento en que ni los impuestos ni el déficit pueden crecer ya más.
La principal fuente de ingresos de los ayuntamientos españoles es la fiscalidad (¡mpuestos, tasas y otros), que en 1991 -últimos datos referidos por el citado estudio- re presentaba el 47% del total. Las principales figuras tributarias son el impuesto de bienes inmuebles (IBI) -cuya efectividad depende de la siempre polémica, y por ello postergada, revisión del catastro-, el controvertido impuesto de actividades económicas (IAE) -cuya aplicación ha sido el origen de numerosos conflictos- y, en menor medida, el impuesto de vehículos. Todos ellos, impuestos rígidos -que en algunos ayuntamientos ya han llegado al tope- y cuya recaudación no aumenta en paralelo a la actividad económica.
Transferencias y deuda
La segunda gran fuente de ingresos son las transferencias del Estado -vía Fondo de Cooperación Municipal- y otras subvenciones públicas, que representan el 36%. El problema viene dado aquí por la insuficiente dotación del fondo, el retraso en la entrega de las transferencias a cuenta -lo que obliga a aumentar el endeudamiento por problemas de tesorería- y la fórmula restrictiva que utiliza el Gobierno para calcular, al final de cada ejercicio, la liquidación definitiva del fondo.
El tercer gran recurso que tienen los municipios -aparte de otros ingresos menores- es la vía del endeudamiento, que en 1991 representó el 12% de los ingresos totales de ese año. Pero esta vía tiene un límite: la carga financiera anual (suma de los intereses y la amortizacien de capital) no puede superar el 25% de los ingresos sin una autor¡zación del Gobierno autónomo o del Ministerio de Economía, según los casos.