Cuatro ministros se plantan ante la exigencia del PNV

El comienzo de la negociación del Gobierno con el PNV sobre las 54 transferencias reclamadas por éste ha originado un plante de los ministerios afectados.Los ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Industria, y Comercio y Turismo han reaccionado frente a algunas de las pretensiones nacionalistas expuestas en la reunión celebrada el pasado lunes, enBurgos, entre delegaciones de los Gobiernos central y vasco. En esa reunión, los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, abrieron la negociación con losconsejeros vascos de Hacienda, Juan Luis Larrea, y...

El comienzo de la negociación del Gobierno con el PNV sobre las 54 transferencias reclamadas por éste ha originado un plante de los ministerios afectados.Los ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Industria, y Comercio y Turismo han reaccionado frente a algunas de las pretensiones nacionalistas expuestas en la reunión celebrada el pasado lunes, enBurgos, entre delegaciones de los Gobiernos central y vasco. En esa reunión, los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, abrieron la negociación con losconsejeros vascos de Hacienda, Juan Luis Larrea, y de la Presidencia, Joseba Zubía, sobre el traspaso de 54 competencias solicitadas por la Administración del País Vasco.

Los ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Industria, y Comercio y Turismo han hecho saber al titular de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, su oposición a algunas de las pretensiones de los nacionalistas vascos, como el traspaso del Inem, del Crédito Oficial o Banco Vasco, los puertos o la Seguridad Social. Estas cuestiones las plantearon los nacionalistas vascos de manera formal, por vez primera en una mesa de negociación, en la reunión del pasado lunes en Burgos.En ella, la representación del Gobierno vasco pretendía avanzar hacia un compromiso del Gobierno central para establecer un calendario para el traspaso de las 54 competencias durante la legislatura. El PNV trata de condicionar su apoyo parlamentario al Gobierno a un pacto global, autonómico y de política económica, para toda la legislatura.

En la misma reunión, la representación de la Administración central, tras hacer un repaso de las 54 fichas de las competencias reclamadas por el Gobierno vasco, consideró viable el traspaso de muchas de ellas. "Con una veintena de transferencias no hay ningún problema conceptual. Todo se reduce a la valoración económica de los traspasos", señalan fuentes próximas a la negociación. Es el caso de Obras Hidráulicas o la Formación Profesional Ocupacional.

Núcleo innegociable

Pero existe un núcleo de traspasos solicitados que, a juicio de los representantes del Gobierno central, "es innegociable". Esas transferencias -como la Seguridad Social o los puertos- no están recogidas en el Estatuto de Gernika y sólo podrían ser traspasadas como delegación de competencias del Estado, a lo que los ministerios afectados se oponen radicalmente.

En los ministerios afectados está también instalada la idea de que Jerónimo Saavedra ha planteado mal la negociación con los nacionalistas. "Va a quedar para la historia que la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas fue una imposición de Jordi Pujol por las desafortunadas declaraciones que hizo Saavedra tras su primera entrevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. Pero la cuestión de fondo es que las conversaciones con los nacionalistas deben realizarse dentro de un marco claro y con unos límites que Saavedra aún no ha establecido", dijo ayer un ministro crítico con el titular de Administraciones Públicas.

Una delegación de parlamentarios socialistas vascos también se reunió con Saavedra la pasada semana para exponer su punto de vista sobre las 54 transferencias reclamadas por el Gobierno vasco y avaladas por el Parlamento vasco, con el apoyo del voto socialista.

Los parlamentarios socialistas manifestaron al ministro Saavedra que una parte de las transferencias que habían avalado eran competencia del Estado y no tenían por qué ser reclamadas inmediatamente por el Gobierno vasco. Uno de los parlamentarios socialistas llegó a decir a Saavedra que hiciera "más gestión y menos gestos públicos".

Los nacionalistas vascos han concluido, por su parte, que el pacto global que pretendían con el Gobierno central sobre las 54 transferencias pendientes es "prácticamente imposible", y en su seno se ha abierto un debate sobre la conveniencia de apoyar o no los Presupuestos Generales del Estado en su tramitación parlamentaria.

Los dirigentes del PNV opinan que hasta el momento no han rentabilizado políticamente las negociaciones con el Gobierno, al contrario de lo conseguido por CiU, que ha obtenido la cesión del 15% del IRPF, así como algunos beneficios económicos para Cataluña en los presupuestos.

De hecho, Jordi Pujol ya ha dado a entender su apoyo a los presupuestos del Estado y ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, cogió el guante al señalar tras el Consejo de Ministros: "El Gobierno tiene la convicción más que razonable de que los presupuestos tendrán el apoyo necesario para tramitarlos sin dificultad. Esperemos que se materialice en los próximos días".

Factura electoral

Los dirigentes del PNV, por su parte, creen que si no consiguen beneficios políticos ahora de su acercamiento al Gobierno socialista, el electorado les puede pasar factura en las elecciones autonómicas del próximo otoño.

Otro sector, por el contrario, opina que un voto negativo ahora en los presupuestos les cerraría cualquier posible diálogo con el Gobierno socialista durante la legislatura y se manifiesta a favor de ofrecer el apoyo presupuestario al Gobierno. Algunos de ellos recuerdan la frase desafiante y expresada con socarronería por parte del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, en una de las sesiones negociadoras: "No tenéis c... para votar negativamente estos presupuestos".

En los medios socialistas, se interpreta la actitud de estos ministerios como un toque de atención o un primer establecimiento de los límites que el Gobierno está dispuesto a poner ante las pretensiones negociadoras no sólo de los nacionalistas vascos sino también de los catalanes, consideradas en algunos casos excesivas.