¿Lejos de nosotros la funesta manía de pactar?

LOS PRIMEROS compases de la negociación del pacto social o por el empleo, han puesto de manifiesto, entre muchas otras, dos cosas que considero fundamentales: una, la magnitud y gravedad de los problemas económicos y sociales a que nos enfrentamos y las dificultades crecientes de gestión de los mismos, y otra, la importancia y variedad de las fuerzas políticas y sociales y de las corrientes de opinión a las que repugna no ya la idea del pacto social, sino la de la misma negociación entre los poderes públicos y las organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.Resulta, en ef...

LOS PRIMEROS compases de la negociación del pacto social o por el empleo, han puesto de manifiesto, entre muchas otras, dos cosas que considero fundamentales: una, la magnitud y gravedad de los problemas económicos y sociales a que nos enfrentamos y las dificultades crecientes de gestión de los mismos, y otra, la importancia y variedad de las fuerzas políticas y sociales y de las corrientes de opinión a las que repugna no ya la idea del pacto social, sino la de la misma negociación entre los poderes públicos y las organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.Resulta, en efecto, por lo menos curioso comprobar cómo hemos pasado, casi sin damos cuenta, de una situación en la que prevalecía claramente la opinión de que el pacto social era un instrumento si no imprescindible cuanto menos muy conveniente para la acción de Gobierno en la coyuntura presente, a otra en la que cada vez más se dejan sentir los criterios contrarios al pacto y a la negociación. Criterios que, expresados de manera directa o indirecta, tratan de conseguir la hegemonía cultural y la prevalencia indiscutida en el debate político, económico y social, y que están a un paso de demonizar todo intento de política de concertación.

Bien es verdad que en ello han influido también actitudes y torpezas tácticas de quienes han venido defendiendo la bondad y conveniencia de las políticas de concertación o de quienes deben ser sus protagonistas. Es lógico, además, que con los primeros movimientos de fichas, en un tablero, como dije, muy complicado, hayan aflorado algunos nervios y se hayan podido oír algunas intemperancias. Ello ha permitido alentar al escepticismo y a las impaciencias, uno y otras enemigos casi mortales del pacto social.

En esta situación, creo que es necesario un esfuerzo adicional para salvar el pacto. Es mucho lo que nos jugamos y no podemos caer en la trampa ideológica de las corrientes del pensamiento conservador que aprovechan cualquier resquicio para lanzar el mismo mensaje: qué manía de pactos -que lo único que tratan, además, es de encubrir la falta de ideas y de soluciones y de hacer olvidar las precedentes responsabilidades-, cuando lo que tiene que hacer el Gobierno es gobernar (que para eso ha sido elegido). Antes al contrario, hay que tener claro que la política de concertación social es hoy por hoy, la única alternativa factible, para la gestión de la crisis, a una política autoritaria que busca en última instancia desmontar, por una parte, los mecanismos de solidaridad que, gravando a los satisfechos (individuos y colectividades), corrigen, aunque insuficientemente, las injusticias de nuestra sociedad, y reequilibrar, por otra, las relaciones de poder (en favor, obviamente, de las fuerzas del privilegio económico) dentro de la misma.

Y el esfuerzo para salvar el pacto, y lo que el mismo significa, tiene que tener en cuenta ante todo que por encima de las dificultades actuales y de las que inevitablemente surgirán, por encima de los errores y de los movimientos equivocados de los negociadores, por encima de las desconfianzas y aun de las descalificaciones, lo importante es: por una parte, la apuesta decidida de los poderes públicos por una política de concertación, que permita instrumentar un reparto consensuado de sacrificios. La apuesta decidida, esto es, por una reordenación pactada de nuestro sistema de protección social y del propio sistema productivo, huyendo de la imposición unilateral por los propios poderes públicos de las medidas que al respecto considere necesarias (y que, a falta de un mecanismo de concertación, quedarían sin duda alguna bajo la influencia del lobbismo, lo que está claro, aunque algunos aún no lo vean, es a quién o a qué intereses beneficia). La polémica en tomo a la supresión del National Economic Development Council inglés, es suficientemente instructiva al respecto.

Por otra, el indudable ejercicio de responsabilidad que los interlocutores sociales, las grandes organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, vienen haciendo. Ejercicio de responsabilidad que se basa en la asunción de la trascendencia en todas las piezas del sistema de relaciones laborales (perdida ya la ilusión de la existencia de variables independientes) para el sistema productivo, y en la necesidad, por tanto, de ejercer la propia autonomía teniendo en cuenta las exigencias del conjunto del mismo.

Son estos datos fundamentales los que deben orientar la reflexión y los que no deben perderse nunca de vista en el complicado proceso negociador. Sobre la base de los mismos puede salvarse el pacto, si se acierta a sortear los peligros que constantemente surgirán. Sin otra intención, y sin otra pretensión que la de ayudar a ese proceso de reflexión, quisiera señalar algunos de esos peligros.

Ante todo, hay que estar atentos a los cantos de sirena de aquellos que, enemigos de la política concertada, plantean el falso debate de exigir a los poderes públicos que ejerzan sus propias responsabilidades, ya que a ellos corresponde (para eso han sido elegidos) gobernar. Hay que deshacer el equívoco que sustenta estas posturas: gobernar no es sólo tomar decisiones, es también unir voluntades, concitar acuerdos, conseguir la aceptación de los gobernados.

Por otra parte, es necesario refrenar o, al menos, procurar que no se manifiesten abiertamente y de manera perturbadora para la negociación, las impaciencias, justificadas, que puedan existir. Es mejor llegar a una buena solución a través de una paciente negociación, que precipitarse en la adopción de soluciones que, por buenas que parezcan técnicamente, carezcan de los requisitos necesarios para ser eficaces. Porque, en relación con esto y en tercer lugar, no hay que olvidar que, algunas medidas, por bien fundadas que estén técnicamene, sirven de poco si carecen de la aceptación colectiva necesaria que les permite funcionar. Los técnicos tienen que tener la modestia de comprender esto y de renunciar, cuando sea necesario, a los propios refinados modelos teóricos.

En cuarto lugar, hay que evitar mezclar la discusión de medidas y reformas inmediatas, exigidas por la hora económica presente (aunque tengan vocación de perdurabilidad), con otras que necesariamente han de plantearse a largo plazo y que exigen, un pacto intergeneracional e incluso interterritorial. Me refiero a la reforma del sistema de pensiones: ello es algo que debe trascender a un programa político y de gobierno concreto, y que exige un debate y un acuerdo muy amplio de las fuerzas políticas y sociales. Y creo que no basta con excluir este tema de las discusiones del pacto social: su importancia y sus implicaciones exigirían quizá el nombramiento de una comisión real que estudiara el tema al margen de la lucha partidista y que propusiera el documento de base para abordar, en el amplio debate al que me he referido, el mismo.

Por último, los interlocutores sociales, con independencia y al margen de sus negociaciones con el Gobierno, deben ser capaces de diseñar un modelo propio de relaciones (laborales) compatible con las actuales exigencias y constricciones económicas. El esperado dictamen del Consejo Económico y Social sobre la reforma del mercado de trabajo es, sin duda, la ocasión más propicia para la configuración de dicho modelo.

Creo que, afrontando todos estos desafíos y superando todos estos riesgos, debe salvarse el pacto social; debe evitarse a toda costa la pérdida de las prácticas de concertación y la desvalorización de las sedes, formales o informales, de las mismas. De lo contrario, no hay más alternativa que la del lobbismo, que puede llevamos a una dinámica de egoísmos y de insolidaridades. Y si se quiebra la idea de solidaridad, terminaríamos negando las bases de nuestra civilización y considerando que el individuo es víctima de un infortunio y, por tanto, no merece ningún tipo de asistencia ni de protección. La conciencia de los satisfechos quedaría tranquilizada, y además, pagarían menos, pero las bases de la revuelta social estarían ya echadas. Sé que dentro de todo esto, el pacto social o por el empleo es una mínima parte, pero en ocasiones la pérdida de una mínima parte de un conjunto puede ser fatal para el mismo. Insisto: salvemos el pacto.

es presidente del Consejo Económico Social (CES).