El Gobierno italiano emprende un plan de emergencia para luchar contra el paro

La situación del desempleo en Italia -casi tres millones de parados y una tasa media del 12,40%- y las previsiones de un otoño caliente hicieron al presidente del Gobierno, Carlo Azeglio Ciampi, convocar ayer a los ministros económicos del Gabinete para intentar atajar la situación. Tres serán las líneas inmediatas de actuación: crear nuevo empleo aprobando inversiones por 30 billones de liras (cerca de 2,5 billones de pesetas) en infraestructuras, localizar todos los puestos de trabajo disponibles y recurrir a la regulación de empleo, la jubilación anticipada y la movilidad.

La primer...

La situación del desempleo en Italia -casi tres millones de parados y una tasa media del 12,40%- y las previsiones de un otoño caliente hicieron al presidente del Gobierno, Carlo Azeglio Ciampi, convocar ayer a los ministros económicos del Gabinete para intentar atajar la situación. Tres serán las líneas inmediatas de actuación: crear nuevo empleo aprobando inversiones por 30 billones de liras (cerca de 2,5 billones de pesetas) en infraestructuras, localizar todos los puestos de trabajo disponibles y recurrir a la regulación de empleo, la jubilación anticipada y la movilidad.

La primera terapia de urgencia será el desbloqueo de una serie de obras públicas, empezando por la alta velocidad ferroviaria, proyecto que lleva paralizado siete años y que, según el ministro de Transportes, podría dar trabajo ya en 1994 a 50.000 personas y, en sus alrededor de seis años de duración, a casi 350.000, según otros cálculos. Carreteras, aparcamientos y viviendas serían también sectores de intervención inmediata.Se trata, no obstante, de estudiar la compatibilidad de estas medidas, que requerirían inversiones de billones de liras, con la mala situación financiera pública. Ello sin perder de vista un panorama en el que millares de pequeñas y medianas empresas, de la industria, el comercio o los servicios, se ven obligadas a cerrar.

Según datos de industriales y sindicatos, dos de cada tres parados tardan más de un año en encontrar un nuevo trabajo, en el ámbito de una recesión y un estancamiento del consumo que se extiende por toda la geografla nacional (aunque en el sur sean más preocupantes) y que atacan todos los sectores sociales, del mono al cuello blanco. Se prevé que la crisis irá en aumento en otoño, a pesar de que la devaluación de la lira ha favorecido las exportaciones.

Los sindicatos han dicho que en julio los trabajadores despedidos fueron más de 150.000. Los puestos de trabajo en peligro van de los 15.000 en la siderurgia, a los casi 200.000 en la construcción, 80.000 en el comercio y turismo y otros tantos en la industria, sector en el que 40 de cada 100 empresas prevén nuevas reducciones de empleo en los próximos meses.

Por eso, las tres grandes confederaciones sindicales han pedido al presidente del Gobierno hechos concretos antes de dos semanas, y medidas que empiecen por la sustitución del drenaje fiscal y la reducción impositiva a los empresarios que asuman nuevos trabajadores.La patronal, por boca del vicepresidente de la Confindustria, Giorgio Fossa, pide al Ejecutivo que sostenga sobre todo a la pequeña empresa y que elimine los impuestos de los útiles invertidos por las empresas, O al menos, una parte de ellos.

Es en esta situación, considerada por todos de emergencia, cuando el Gobierno saca del fondo de la chistera proyectos altamente polémicos, como el tren de alta velocidad. Esta situación llevó al ministro del Interior, Nicola Mancino, a decir que el paro podría hacer incontrolables, desde el punto de vista del orden público, zonas como Génova, Nápoles, Calabria y Cerdeña. Declaraciones consideradas alarmistas por la patronal y criticadas también desde otros sectores, que afirman que Mancino equipara a los parados con hipotéticos criminales o terroristas.

Corrupción

Además de las críticas de los ecologistas, las autoridades antitrust discutieron la adjudicación de las obras por parte de los Ferrocarriles del Estado, que encomendaron los trabajos al Instituto para la Reforma In dustrial (IRI), actualmente en avanzada fase de privatización, al también público Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI) y a Fiat, el primer grupo privado italiano, sin sacar las obras a concurso internacional.Tangentópolis, el sistema de corrupción instalado en Italia, contra el que los jueces de Milán luchan desde hace algo más de año y medio, contribuyó a frenar el proyecto. Un negocio de más de 30 billones de liras -alrededor de 2,6 billones de pesetas- que desencadenó una auténtica guerra entre empresas y no pocos apetitos entre las fuerzas políticas.