El PSOE impugna la ordenanza de vallas publicitarias por su permisividad

El Grupo Socialista municipal impugnará hoy ante el pleno del Ayuntamiento la nueva ordenanza de regulación de publicidad exterior, al considerar que favorece la proliferación de vallas y carteles publicitarios en Madrid. Uno de los puntos más polémicos de la nueva norma es la tolerancia para la colocación de carteles en los márgenes de las carreteras, prohibida por la legislación estatal y autonómica."La Ley de Carreteras autoriza las vallas en zonas urbanas pero ahora se interpreta que se pueden dar permisos en todo el término municipal, incluido el suelo no urbanizable", argumenta el concej...

El Grupo Socialista municipal impugnará hoy ante el pleno del Ayuntamiento la nueva ordenanza de regulación de publicidad exterior, al considerar que favorece la proliferación de vallas y carteles publicitarios en Madrid. Uno de los puntos más polémicos de la nueva norma es la tolerancia para la colocación de carteles en los márgenes de las carreteras, prohibida por la legislación estatal y autonómica."La Ley de Carreteras autoriza las vallas en zonas urbanas pero ahora se interpreta que se pueden dar permisos en todo el término municipal, incluido el suelo no urbanizable", argumenta el concejal Eugenio Morales.

La nueva ordenanza de publicidad exterior tampoco define con claridad, según el Grupo Socialista, las zonas del casco histórico que cuentan con protección contra los carteles. Asimismo, en los solares sin edificar y en las medianerías, la colocación de vallas publicitarias puede representar una compensación económica para los propietarios de parcelas que no cumplen los plazos de los programas de urbanismo.

Por otro lado, el PSOE municipal también ha denunciado el retraso del Ayuntamiento en el pago de sus deudas al Consorcio Regional de Transportes. Después de pagar el pasado año los 1.782 millones de pesetas correspondientes al ejercicio de 1990, la hacienda municipal aún no ha abonado, según los socialistas, 2.115 millones pendientes de 1991, que tenían que haberse liquidado antes del pasado 30 de junio. Al mismo tiempo, el acuerdo que puso fin a la polémica sobre la financiación del Consorcio preveía que los 3.000 millones que faltaban de 1992 se liquidarían "previsiblemente antes del [pasado] 31 de marzo".