La presunta financiación irregular pone contra las cuerdas a los 'tories'
El Partido Conservador británico está bajo sospecha. Sus dirigentes fueron ayer incapaces de sacudirse las acusaciones de financiación irregular lanzadas desde la oposición y los medios de comunicación. Los tories admitieron implícitamente que sus arcas recibían donaciones de ciudadanos y corporaciones extranjeras, pero negaron que ello implicara corrupción; para defenderse, acusaron a los laboristas de haber recibido dinero de Robert Maxwell.
Los problemas de financiación de los partidos políticos, que tantos disgustos e investigaciones judiciales ha causado en otros países europeos, p...
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El Partido Conservador británico está bajo sospecha. Sus dirigentes fueron ayer incapaces de sacudirse las acusaciones de financiación irregular lanzadas desde la oposición y los medios de comunicación. Los tories admitieron implícitamente que sus arcas recibían donaciones de ciudadanos y corporaciones extranjeras, pero negaron que ello implicara corrupción; para defenderse, acusaron a los laboristas de haber recibido dinero de Robert Maxwell.
Los problemas de financiación de los partidos políticos, que tantos disgustos e investigaciones judiciales ha causado en otros países europeos, parecen haber cruzado el Canal de la Mancha multiplicados y crecidos en tráfico de influencias. El primer ministro británico, John Major, desmintió desde Copenhague, donde se encuentra asistiendo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea, una acusación concreta, publicada ayer por el diario progresista The Guardian: la supuesta donación de siete millones de libras (casi 1.300 millones de pesetas) por parte de la familia real de Arabia Saudí al partido conservador. La historia era "pura fantasía", aseguró Major.Un alto cargo de su Gobierno, Michael Mates, aseguró a su vez que no dimitiría, a pesar del escándalo levantado por sus relaciones amistosas con el financiero turcochipriota Asil Nadir, ex patrocinador de los tories y buscado por la justicia británica. La mayoría de los diputados conservadores desea la dimisión de Mates. Su permanencia como subsecretario para Irlanda del Norte se convertirá en un "lastre muy pesado" para Major, dijo ayer un ex asesor de Margaret Thatcher, quien propugna su dimisión o su cese fulminante.
Por la tarde, la Cámara de los Comunes albergó uno de los debates más ruidosos y ásperos de los últimos tiempos. El Partido Laborista, animado por la creciente debilidad del Ejecutivo, emplazó al partido en el Gobierno a que explicara cómo se financia, tomando como punto de partida los casi 100 millones de pesetas entregados a los tories durante los años 80 por Asil Nadir, procesado por un fraude multimillonario en la compañía Polly Peck y actualmente refugiado en la zona turca de Chipre, fuera del alcance de la justicia británica. Nadir burló a la policía al escapar de su domicilio británico en una avioneta, cuando se encontraba en libertad bajo fianza de 350 millones de pesetas.
Ferocidad verbal
El debate parlamentario degeneró en un feroz cruce de acusaciones que sólo demostró una cosa: el sistema político británico ya no puede presumir de limpieza. Las cuentas de los partidos, y muy especialmente las conservadoras, huelen mal.
Michael Heseltine, ministro de Industria y el mejor polemista en el Gabinete, debía haber defendido al Gobierno y al partido de las acusaciones de corrupción. La mala suerte ha privado a los tories de una de sus voces más aguerrridas cuando más la necesitaba. Heseltine permanecía aún ayer en un hospital veneciano, recuperándose de una trombosis coronaria. La defensa recayó en un hombre de segunda fila, sin la oratoria necesaria, el ministro de Empleo, David Hunt, quien se defendió con dificultad.
Hunt insistió una y otra vez en que "la democracia" exigía respetar el anonimato de los patrocinadores del Partido Conservador. Sólo el 50% del presupuesto tory tiene procedencia conocida, a pesar de que todos los donantes tienen la obligación de consignar públicamente sus aportaciones.
Hunt no desmintió las supuestas donaciones que, según la oposición y la prensa, han hecho varios magnates extranjeros. La pregunta de la oposición, "¿cuál es el interés de esos donantes, aparentemente ajenos al Reino Unido?", quedó en el aire. Según los conservadores, los patrocinadores foráneos actúan por generosidad.
La moción presentada por los laboristas proponía la redacción de una ley que obligara a los partidos a declarar la procedencia de sus ingresos. Los tories se negaron, con el argumento de que ese seria un primer paso hacia la financiación pública de los partidos, "que es lo que desean los laboristas", según Hunt. La votación final otorgó una amplia victoria al Gobierno (291 contra 250) en una Cámara semivacía.