Lá lentitud de los trámites municipales deja sin ascensor a un inmueble

Los vecinos del inmueble de Altamirano, 35, tienen embargado el ascensor por el juzgado. Es la consecuencia de una denuncia que interpusieron contra las obras de una discoteca que, sin embargo, ya no se va a hacer. El caso tiene mucho en común con el ocurrido en el bloque colindante de Altamirano, 37, donde una vocal del PP ha sido multada por ejecutar obras ilegales. "La principal consecuencia de ambos asuntos es la indefensión en la que quedan los vecinos por la inoperancia del Ayuntamiento", comenta Rafael González Díaz, vocal del PSOE en la Junta de Moncloa.En Altamirano, 35, una empresa q...

Los vecinos del inmueble de Altamirano, 35, tienen embargado el ascensor por el juzgado. Es la consecuencia de una denuncia que interpusieron contra las obras de una discoteca que, sin embargo, ya no se va a hacer. El caso tiene mucho en común con el ocurrido en el bloque colindante de Altamirano, 37, donde una vocal del PP ha sido multada por ejecutar obras ilegales. "La principal consecuencia de ambos asuntos es la indefensión en la que quedan los vecinos por la inoperancia del Ayuntamiento", comenta Rafael González Díaz, vocal del PSOE en la Junta de Moncloa.En Altamirano, 35, una empresa quiso convertir en discoteca el garaje que ocupa los bajos y el patio del edificio. Los vecinos y la propiedad pleitearon. La Comunidad de vecinos presentó un interdicto para paralizar la obra, "que el juez desestimó porque cuando inspeccionó el garaje no vio que se estuviera trabajando", comenta González Díaz. El juzgado condenó a los vecinos a pagar un millón de pesetas de costas. Como la comunidad se negó, el juez ha decidido embargar la maquinaria del ascensor.

"Este contencioso se podía haber evitado si el Ayuntamiento hubiera sido más diligente", comenta González,Díaz. Pero desde que comenzaron las obras hasta que la Junta de Moncloa decidió denegar la licencia de actividad del negocio transcurrieron dos años y medio. En ese tiempo, vecinos y empresa se liaron en disputas. "Y aún hay una demanda pendiente. La promotora de la discoteca exige 140 millones de pesetas a la comunidad por daños y perjuicios. El Ayuntamiento podría haber comunicado antes que no dejaría abrir allí ese local".El caso de Altamirano, 37, es parecido. El juez resolvió el interdicto para paralizar las obras cuando éstas ya habían finalizado y la Junta de Moncloa decidió cerrar el caso año y medio después de que los vecinos enfrentados se enzarzaran en juicios y riñas personales.El concejal de Moncloa, Luis Molina, reconoce que los procedimientos de la Administración son lentos. En la Junta hay 4.000 expedientes atrancados. "Yo no puedo actuar antes porque debo cumplir los trámites que establece la ley", alega. Sin embargo, González Díaz replica que "una cosa es cumplir la legislación y otra que los servicios elementales de las Juntas no tengan personal, ni material suficientes".