La juez del 'caso Ollero' imputa de dos delitos a un alto cargo de la Junta de Andalucía
La juez del caso Ollero, Pilar Llorente, imputó ayer en Sevilla al viceconsejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Francisco de Paula Molina, de los presuntos delitos de falsedad en documento público y de otro -no especificado en el auto- por la adjudicación de un contrato a Impiasa, a sabiendas de que el proceso era irregular.
Los hechos que se investigan aparecen relacionados en uno de los anónimos que dieron lugar a la detención de Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras del Gobierno andaluz, y que detallan una serie de presuntas adjudicaciones irregulares ...
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La juez del caso Ollero, Pilar Llorente, imputó ayer en Sevilla al viceconsejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Francisco de Paula Molina, de los presuntos delitos de falsedad en documento público y de otro -no especificado en el auto- por la adjudicación de un contrato a Impiasa, a sabiendas de que el proceso era irregular.
Los hechos que se investigan aparecen relacionados en uno de los anónimos que dieron lugar a la detención de Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras del Gobierno andaluz, y que detallan una serie de presuntas adjudicaciones irregulares en distintos departamentos de la Junta de Andalucía.Según el abogado y candidato del PP Manuel Seco, representante de la acusación particular, el alto cargo de la Junta de Andalucía -que no realizó declaraciones a la salida de los juzgados- reconoció haber cometido "varias irregularidades durante el proceso electoral de 1990" y además "atribuyó expresamente" a Manuel Gutiérrez Copado, anterior jefe de seguridad de la Junta, la responsabilidad de la contratación ilegal. "Se da la circunstancia de que Gutiérrez Copado es socio de uno de los accionistas de la empresa Industrias de la Piedra S. A. (Impiasa"), declaró ayer Manuel Seco.
Por este asunto ya han sido imputados por la juez Llorente cinco funcionarios de la Consejería de Gobernación y dos de los cuatro socios de la empresa privada. La Junta de Andalucía adjudicó a Impiasa, que había desatendido la obligación de crear una unión temporal de empresas (UTE) para poder optar legalmente al contrato, cuatro contratos por más de 100 millones de pesetas para la realización de distintas obras de infraestructura en las elecciones autonómicas de 1990. Manuel Gutiérrez Copado y los socios de Impiasa Urbano Cepa Rojas y Urbano Cepa Fernández están imputados por Pilar Llorente de los presuntos delitos de falsedad y cohecho.
El abogado del viceconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, rehusó ayer realizar declaraciones amparándose en el secreto de las actuaciones, pero sí destacó que a su cliente "no se le ha imputado de cohecho ni de nada relacionado con el lucro personal". Y añadió: "Ahora a ver quién lo cura de las heridas morales ya recibidas".
Según manifestó ayer Molina, las irregularidades en aquellas adjudicaciones -que siempre atribuyó a "las prisas del proceso electoral"- se refieren a que Impiasa no depositó los avales exigidos, y que los contratos no se firmaron con la empresa adjudicataria, ya que carecía de la calificación fiscal para hacerlo.
El viceconsejero de Gobernación, que en 1990 era director general de Política Interior, dijo a la juez Llorente que, en el momento de la adjudicación, desconocía que los dueños de Impiasa fuesen amigos y socios de Gutiérrez Copado.