El PP admite anomalías en la mitad de los pisos adjudicados en la EMV

A los grupos políticos del Ayuntamiento no les salen igual las cuentas en el escándalo de la adjudicación de 233 pisos de precio tasado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El Partido Popular, en el poder municipal, admite ya 20 casos de nulidad y 100 expedientes irregulares pero subsanables. Y el concejal de Obras, Enrique Villoria, asume la responsabilidad política. Para Izquierda Unida hay 52 seleccionados que nunca deberán recibir las llaves. Y el PSOE, en fin, cree que todo está mal y que se debe anular el proceso de adjudicación de las primeras casas para clases medias que ofrec...

A los grupos políticos del Ayuntamiento no les salen igual las cuentas en el escándalo de la adjudicación de 233 pisos de precio tasado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El Partido Popular, en el poder municipal, admite ya 20 casos de nulidad y 100 expedientes irregulares pero subsanables. Y el concejal de Obras, Enrique Villoria, asume la responsabilidad política. Para Izquierda Unida hay 52 seleccionados que nunca deberán recibir las llaves. Y el PSOE, en fin, cree que todo está mal y que se debe anular el proceso de adjudicación de las primeras casas para clases medias que ofrecía el PP.

El concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, José Ignacio Echeverría, definió tres categorías entre los solicitantes elegidos por sorteo para acceder a una vivienda de precio tasado. Los que aportaron una documentación con errores insalvables: unos 20. Quienes presentaron escritos de solicitud defectuosos, pero que pueden ser rectificados "en función de criterios interpretativos": entre 90 y 100. Y los demás, con los papeles en regla. Echeverría anunció que el Ayuntamiento está dispuesto a adjudicar los pisos tasados -a un coste de 14 millones de pesetas- a quienes superen el examen sin pegas en la comisión investigadora, que rendirá su informe el próximo 3 de mayo.Para el concejal de Urbanismo queda claro que "es necesario perfeccionar los baremos" a la vista de todas las irregularidades que han surgido en la adjudicación de las viviendas. Echeverría ya presentó ayer las propuestas para aclarar las interpretaciones del baremo. Así, se podrán admitir certificados de haberes y nóminas -y no sólo la declaración del IRPF- para evaluar los ingresos, o se entenderá que forman una unidad familiar quienes acrediten por empadronamiento que comparten domicilio.

A la espera del fiscal

Una vez hecha la criba, el Consejo de Administración de la EMV adjudicará los pisos a quienes superen el listón, con limpieza. Sin embargo, se tratará de una concesión pública "en espera", condicionada por "un derecho de reserva" a lo que diga en su momento el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Paco Herrera, portavoz municipal de la coalición Izquierda Unida, aseguró que la fiscalía ya ha reclamado a la dirección de la EMV los expedientes de 52 adjudicatarios. Herrera interrogó ayer en la comisión investigadora al concejal de Obras, Enrique Villoria, y al responsable de la comisión técnica que puntuó las solicitudes de pisos, Alberto Corella.

En esencia, Herrera exigió "una suspensión cautelar" de todo el proceso de adjudicación "Mientras el fiscal no se pronuncia, sería de una audacia suicida que el Consejo de Administración de la EMV tome cualquier determinación", advirtió. Hurgando entre los papeles de los solicitantes, Izquierda Unida también ha localizado cinco casos de personas que cumplían todos los requisitos para haber participado en el sorteo ante notario -superaron los 30 puntos del baremo- pero sus números no entraron en el bombo.

El equipo de gobierno del PP no cree que el hallazgo de IU represente un serio problema. "Se podrán incorporar a la adjudicación en los puestos que dejen libres los excluidos", razonó Villoria. En esto coinciden ambas formaciones políticas: no quieren dejar fuera a los vecinos que concurrieron a la selección con un expediente intachable.

Como tercero en discordia, el PSOE tan sólo observa irregularidades y causas de nulidad. "La única solución posible es la anulación de todo el proceso", advirtió el concejal socialista José María de la Riva.

Al contrario que IU, el PSOE no va a poner en conocimiento del fiscal sus conclusiones hasta que la comisión investigadora haya concluido su trabajo. Mientras, De la Riva exigió ayer a los responsables municipales que le remitan 49 documentos. Por ejemplo, las cartas enviadas por la EMV a los candidatos seleccionados. El PSOE quiere saber también quién llamó por teléfono a los adjudicatarios para que ingresaran cinco millones de pesetas en una cuenta de la EMV como anticipo del pago de su piso.

Cariacontecido, el presidente de la EMV, Enrique Villoria, asumió ayer "toda la responsabilidad política" por las adjudicaciones de pisos tasados. El concejal de Obras alegó la dificultad de aplicar un baremo -ingresos, número de familiares, situación de residencia...- en una adjudicación pública sin unos criterios de interpretación uniformes. Por esta razón anunció que el Ayuntamiento va a rectificar y a "afinar los baremos y los criterios de interpretación". Villoria, no obstante, dejó constancia de la siguiente declaración exculpatoria: "No he tenido la menor participación personal ni he tramitado recomendación alguna, ni he intervenido para nada en el proceso de baremación".

Precisamente, la hipotética existencia de recomendaciones en la adjudicación, aludida por el alcalde, José María Álvarez del Manzano (véase EL PAÍS del pasado día 4), motivó que los grupos de la oposición -PSOE e IU- le reclamaran una explicación.

"¿Ha contestado ya el alcalde?", le preguntaron a Echeverría en la comisión investigadora. Y Echevarría replicó: "Ha sido un descuido, se me ha pasado pedírselo, con tanto lío.