El Gobierno no pagara hasta que exista sentencia firme

El portavoz del Gobierno valenciano, Emèrit Bono, dijo ayer sobre el caso Tous que la Generalitat desea que no haya discriminación en el cobro de indemnizaciones por parte de los afectados. Bono negó, sin embargo, que la Generalitat o el Gobierno central vayan a pagar por adelantado las indemnizaciones. "No se puede pagar hasta que no exista una sentencia firme. Nos podrían acusar de una mala utilización de los recursos públicos", subrayó.El presidente valenciano, Joan Lerma, manifestó ayer a Efe que pese a que la anulación "no gusta a nadie" y "crea un problema social" es necesario aca...

El portavoz del Gobierno valenciano, Emèrit Bono, dijo ayer sobre el caso Tous que la Generalitat desea que no haya discriminación en el cobro de indemnizaciones por parte de los afectados. Bono negó, sin embargo, que la Generalitat o el Gobierno central vayan a pagar por adelantado las indemnizaciones. "No se puede pagar hasta que no exista una sentencia firme. Nos podrían acusar de una mala utilización de los recursos públicos", subrayó.El presidente valenciano, Joan Lerma, manifestó ayer a Efe que pese a que la anulación "no gusta a nadie" y "crea un problema social" es necesario acatarla. A su juicio, la resolución del Supremo "viene a crear un problema grave" a los afectados pero agregó: "Nadie por propia voluntad ha pretendido retrasar el proceso".

El portavoz del Consell expresó la preocupación del Gobierno valenciano por el "retraso" y la "inquietud lógica" que significa para todos los damnificados la anulación del juicio. Según Bono, "determinados círculos están haciendo mucha demagogia en torno al tema por motivaciones políticas e incluso personales". Bono insistió en que mucha gente confunde el poder judicial con el ejecutivo y recordó la independencia de los tribunales frente a los gobiernos.

El portavoz autonómico negó que el Gobierno se haya desentendido de la rotura de la presa. Según Bono, las inundaciones de 1982 han supuesto al Estado una inversión de 57.000 millones, de los que 4.000 fueron ayudas directas a los damnificados. Lerma agregó que la Generalitat "ni está inculpada ni tiene competencia en este asunto".

Por su parte, el alcalde de Antella, una de las localidades afectadas por la rotura de la presa, Vicente Frigols, dijo que la nulidad del juicio dictada por el Tribunal Supremo responde a "una jugada premeditada del Gobierno para retrasar el pago de indemnizaciones a los afectados".

Izquierda Unida solicitó ayer a las Cortes Valencianas que insten al Gobierno central a que adelante las indemnizaciones.