La nueva ley eléctrica permitirá la entrada de empresas y consorcios ajenos al sector

La ley eléctrica pasará hoy el primer examen del Consejo de Ministros. El Ministerio de Industria quiere que se apruebe este mes, aunque no se descarta que. se planteen reticencias que podrían aplazarla. La nueva ley ha sido discutida desde el pasado mes de diciembre con las compañías eléctricas, pero sus responsables, que el miércoles mantuvieron una reunión monográfica sobre este tema, encuentran todavía en ella elementos de distorsión difíciles de superar. El punto más conflictivo radica en que se amparará la entrada de operadores ajenos al sector, ya como comercializadores, ya como respons...

La ley eléctrica pasará hoy el primer examen del Consejo de Ministros. El Ministerio de Industria quiere que se apruebe este mes, aunque no se descarta que. se planteen reticencias que podrían aplazarla. La nueva ley ha sido discutida desde el pasado mes de diciembre con las compañías eléctricas, pero sus responsables, que el miércoles mantuvieron una reunión monográfica sobre este tema, encuentran todavía en ella elementos de distorsión difíciles de superar. El punto más conflictivo radica en que se amparará la entrada de operadores ajenos al sector, ya como comercializadores, ya como responsables de nuevas centrales productoras, cuya construcción y explotación se adjudicará mediante subasta. También se prevé la separación jurídica de los negocios de generación y distribución, la existencia de precios máximos y la creación de una corporación encargada de vender la energía.

La nueva ley no modifica la consideración del negocio eléctrico como un servicio público en el que la garantía de suministro y, por tanto, la planificación global del sector queda en manos de la Administración. Sin embargo, supone una ruptura radical de la filosofía tradicional del sector, ya que separa generación, distribución y comercialización -agrupadas hasta ahora en una sola sociedad-, de manera que ninguna compañía podrá realizar esas actividades bajo una única razón social. El objetivo de Industria es "introducir elementos de competencia que tiendan a minimizar el coste de servicio sin deteriorar la garantía de suministro", según fuentes del departamento, que consideran fundamental que cada una de las fases sea en función de los riesgos que se asuman. "Por ello", indican, "es preciso disponer de entidades y de cuentas de resultados distintas".La incorporación de la figura de las comercializadoras al sistema eléctrico ha sido el aspecto más criticado por las compañías. Aseguran que ni aportan beneficios para el consumidor ni mejoran la calidad del servicio. En un informe enviado a Industria dicen: "Si la ley, por razón de evitar el monopolio, tuviera que separar la comercialización de la distribución, tendría que poner unas condiciones previas -tales como capital mínimo, garantías geográficas, objeto social, volumen...- de manera que no entre cualquiera".

En la actualidad, la comercialización la hacen las propias empresas; pero, a partir de esta ley, esa función la podrá realizar cualquier empresa o consorcio ajeno al sector. A pesar de ello, no queda cerrada a las actuales compañías eléctricas.

Precios máximos

Las comercializadoras se encargarán de la contratación y cobro a clientes, suprimiéndose el actual régimen. Hasta ahora, cada compañía comercializa una zona en exclusiva, de manera que un consumidor es cliente de una compañía por el mero hecho de vivir en un determinado lugar. Ese cliente no tiene posibilidad de cambiar de compañía. Con la futura ley, un consumidor podrá elegir comercializador en función de las condiciones que le ofrezcan. Para captar clientes, podrán competir en precios de venta al público, pero con la limitación de una tarifa máxima -una figura similar a los precios máximos de los carburantes- que pondrá la Administración.A largo plazo, esta novedad permitirá no sólo que se incorporen empresas ajenas al sector, sino que las actuales compañías eléctricas puedan vender electricidad en toda España, en zonas en las que ahora están vetadas por el reparto geográfico existente. Los potenciales beneficiarios son, en principio, las grandes empresas, aunque también podría llegar a usuarios domésticos agrupados (colonias, urbanizaciones...).

La separación de generación y distribución, por su parte, obligará a las actuales compañías a crear filiales, pudiendo quedar en la matriz cualquiera de las dos actividades o mantenerse la matriz como holding y encargarse de las dos actividades las sendas filiales. Lo más fácil, según fuentes del sector, es que una filial aglutine los activos de generación y que la matriz se quede con la distribución.

En realidad, esta separación supone la eliminación de las compensaciones (lo que unas empresas se pagan a otras por los mayores o menores costes de generación o por mercado de energía que ceden al pool para que éste los suministre). A partir de la promulgación de la ley, cada sociedad percibirá sus ingresos en función de su estructura de costes. Esta medida ha sido criticada por el sector, que lo ve "como una actuación en contra del funcionamiento de las sociedades anónimas, que resta operatividad".

Corporación

La conexión entre empresas generadoras y distribuidoras la realizará una corporación de derecho público que se configura como la auténtica columna vertebral del sector. Esta corporación se encargará de negociar con las empresas generadoras los contratos de venta de energía para luego venderla a las distribuidoras, a las que, después, compran las comercializadoras. El transporte de alta tensión lo seguirá. atendiendo la empresa Red Eléctrica de España.El otro punto conflictivo es que la necesidad de incrementar el parque de centrales eléctricas también permita la entrada de operadores ajenos al sector. El Plan Energético Nacional (PEN) prevé un incremento de una potencia de 8.400 megavatios hasta el año 2000, de los que alrededor de 5.000 corresponden a nuevas centrales.

La nueva ley establece un sistema de subasta para la adjudicación de la construcción y explotación de las mismas, de manera que la adjudicación recaerá en las entidades o consorcios que ofrezcan mejores condiciones sobre el precio al que estén dispuestas a vender su energía a la corporación encargada del suministro.

La ley abordará, en forma de disposiciones adicionales, los problemas de morosidad de los organismos públicos, que en la actualidad asciende a 80.000 millones de pesetas, y la moratoria de las centrales nucleares.