El Gobierno y los jueces, enfrentados por la excarcelación de terroristas

La reciente detención de la grapo Mercedes Herranz Arcones, que fue puesta en libertad condicional hace tres años por orden de una juez, ha reavivado la polémica sobre quién debe tener la competencia última para excarcelar a reclusos peligrosos o terroristas. Mientras los jueces se niegan a renunciar a parcelas en sus competencias, el ministro de Justicia quiere tener la llave sobre las libertades de terroristas a efectos de su reinserción. Todos consideran que el hecho de que el año pasado se concedieran 53.029 permisos carcelarios y sólo hubiera 527 fugas aconseja mantener la actual política...

La reciente detención de la grapo Mercedes Herranz Arcones, que fue puesta en libertad condicional hace tres años por orden de una juez, ha reavivado la polémica sobre quién debe tener la competencia última para excarcelar a reclusos peligrosos o terroristas. Mientras los jueces se niegan a renunciar a parcelas en sus competencias, el ministro de Justicia quiere tener la llave sobre las libertades de terroristas a efectos de su reinserción. Todos consideran que el hecho de que el año pasado se concedieran 53.029 permisos carcelarios y sólo hubiera 527 fugas aconseja mantener la actual política penitenciaria.

Mercedes Herranz fue detenida hace 10 días, cuando llegaba en tren a Barcelona acompañada de un correligionario. La policía sospecha que actuaba como enlace entre diversos grupos relacionados con los GRAPO. El escándalo estalló cuando se difundió que Herranz había sido puesta en libertad condicional hace tres años por la juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Manuela Carmena, en contra de la opinión de Justicia. La situación se complicó más cuando la juez decidió el pasado día 7 clasificar en tercer grado (como paso previo a su excarcelación por razones de enfermedad) al grapo Ignacio Cuadra."Fue la propia prisión quien me pidió que clasificara en tercer grado a Mercedes Herranz para aplicarle el artículo 60 del Reglamento Penitenciario", que permite la concesión de libertad condicional a los reclusos que sufren una enfermedad incurable, recuerda la juez Carmena. Aunque la administración penitenciaria se opuso posteriormente a la excarcelación de la presunta grapo, Carmena decidió liberar a la terrorista por sufrir esclerosis múltiple, ordenándole que no saliera de Madrid y encargando un control riguroso de ella.

"El verano pasado", relata la juez, "Mercedes Herranz pidió permiso para ir a Avilés. Aunque el fiscal informó a favor, lo denegué. Me quedé preocupada y pedí a los asistentes que me informaran de su conducta. Por las mismas fechas me reuní con mandos policiales y les expliqué que necesitaba agentes para controlar a quienes están en libertad condicional, sin que hasta hoy hayan articulado nada".

Las pasadas navidades, una asistente comentó a Carmena que "no veía bien" a Herranz porque se reunía en Vallecas con ex presos de los GRAPO. Cuando la juez estaba barajando la posibilidad de retirar la libertad condicional a la terrorista, ésta fue detenida en Barcelona. Carmena está convencida de que su actuación se ajustó escrupulosamente a la legislación, y añade: "Debemos estar satisfechos del resultado final. Mercedes ha tenido la oportunidad de resinsertarse y ella la ha desaprovechado, pero sin causar riesgo a la sociedad. La he suspendido la libertad condicional y, cuando conozca el atestado policial sobre su detención, se la revocaré".

Decisión compartida

Por el contrario, Antoni Asunción, secretario general de Asuntos Penitenciarios, afirma que no había la total seguridad de que Herranz no volviese a reincidir en sus antiguas actividades. "Y cuando no hay seguridad de que el recluso va a tener una conducta honesta en libertad, la ley dice que no sea excarcelado nadie". "La concesión de libertad condicional es un beneficio penitenciario que no hay obligación de conceder", agrega.Asunción es partidario de que el juez de vigilancia penitenciaria "no sustituya el criterio de la Administración cuando éste se ajusta a derecho". Piensa que, al menos en los casos que afectan a terroristas y narcotraficantes, sería aconsejable que interviniera también el tribunal sentenciador (la Audiencia Nacional), que "conoce en profundidad todo el historial" del individuo.

Meses atrás, coincidiendo con la excarcelación de los etarras Isidro Etxabe y Jon Urrutia, el ministro de Justicia se pronunció en favor de la reinserción de terroristas como competencia única del Gobierno. Carmena replica: "Sólo se puede combatir el terrorismo con la aplicación estricta de la legalidad".

Ignacio Sánchez Yllera, ex juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid y hoy destinado en el gabinete técnico del Consejo del Poder Judicial, asegura: "El ministro no puede pretender que, con la ley actual, sea el Gobierno quien tenga la última palabra. Si quiere hacer otra cosa, tendrá que modificar la legislación". Francisca Villalba, abogada de la grapo Mercedes Herranz, proclama que "no se debe excluir a nadie de los beneficios penitenciarios, ni siquiera alegando razones de Estado" y contrapone lo sucedido con su clienta con el visto bueno dado recientemente por el Gobierno a la concesión de un permiso a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, pese a estar condenados por su relación con los GAL.

Los jueces concedieron el año pasado, en contra del criterio de Asuntos Penitenciarios, 1.955 permisos, de los que no reingresaron 108. Según este organismo, "el elevado número de no reingresos" demuestra "el riesgo" que los jueces asumieron en sus decisiones. "Eso puede ser cierto, pero Asuntos Penitenciarios sólo pone el acento en los fracasos y en cambio no tiene en cuenta los 1.847 casos restantes en los que los jueces otorgaron permisos contra del criterio de la Administración y no hubo ningún problema", según Sánchez Yllera, de Asociación de Jueces para la Democracia.