Madurez sindical
Si HUBIERA soluciones fáciles a la crisis que afecta a casi todas las economías desarrolladas, y a la nuestra más que a la mayoría, ya nos habríamos enterado: esas cosas se saben. Entretanto, una de las pocas opiniones que comparten casi todos los especialistas es que nada perjudicaría tanto las posibilidades de recuperación como una marejada reivindicativa a la italiana. Así lo han entendido los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, que no sólo han archivado la huelga general prevista para este otoño, sino que multiplican sus gestos de moderación en aras de una concertación que permita red...
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Si HUBIERA soluciones fáciles a la crisis que afecta a casi todas las economías desarrolladas, y a la nuestra más que a la mayoría, ya nos habríamos enterado: esas cosas se saben. Entretanto, una de las pocas opiniones que comparten casi todos los especialistas es que nada perjudicaría tanto las posibilidades de recuperación como una marejada reivindicativa a la italiana. Así lo han entendido los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, que no sólo han archivado la huelga general prevista para este otoño, sino que multiplican sus gestos de moderación en aras de una concertación que permita reducir los efectos sociales del ciclo en que hemos entrado. Las resistencias internas, minoritarias pero significativas, a esa voluntad de pacto resaltan la importancia del proceso en curso, expresivo de una madurez sindical de la que muchos dudaban.La unidad de acción entre UGT y CC OO sirvió para que el sindicalismo español demostrase su capacidad de movilización, pero de ella no resultó, sino todo lo contrario, una mayor implantación en las empresas. Ello les ha restado incidencia en el terreno donde prioritariamente se juega hoy, en todos los países, la credibilidad de los sindicatos como instrumentos útiles para los trabajadores. La ruptura de UGT con el PSOE tuvo un efecto contradictorio: por una parte, permitió a la central romper los lazos que desde la llegada de los socialistas al poder venían lastrando su capacidad relvindicativa; pero, por otra, la obsesión, ahora en negativo, hacia el PSOE determinó una estrategia orientada a marcar las distancias antes que a buscar acuerdos: una línea reivindicativa sin capacidad de interlocución es una contradicción, como se demostró tras la huelga general de 1988. En CC OO, por el contrario, el derrumbamiento sin paliativos del comunismo suprimió la principal referencia políticoideológica, lo que favoreció una cierta sindicalización del debate y una evolución más neta hacia posiciones negociadoras.
La crisis, y especialmente la perspectiva de crecimiento del desempleo, ha unificado perspectivas, y ambas centrales se inclinan hoy hacia un planteamiento menos ideológico y más pegado a la realidad. No son ya Maastricht, la convergencia o el giro social, sino la defensa del puesto de trabajo, la resistencia frente a los abusos patronales o la creación de fondos de pensiones lo que ocupa el centro de los debates y preocupaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de CC 00, cuyo Consejo Confederal aprobó ayer por una amplísima mayoría el informe de Antonio Gutiérrez, favorable a la recomposición del diálogo social y criticado por la minoría como "reformista de derecha" y "excesivamente moderado". La teoría de esa minoría, combinación del izquierdismo grupuscular con la nostalgia paleocomunista, es que el sindicalismo debe ser movilizado para cambiar el sistema, no para reformarlo. La experiencia indica, sin embargo, que no es ése el objetivo de la mayoría de los trabajadores, y que uno de los índices fundamentales para medir la madurez del movimiento obrero en un determinado país, sector o empresa es su resistencia a dejarse instrumentalizar en nombre de esas u otras consideraciones ideológicas.
La perspectiva de pérdida de 200.000 empleos en 1993 -reflejo de la creciente pérdida de competitividad de nuestra economía- justifica la estrategia sindical de supeditar la negociación salarial a la conservación de los puestos de trabajo, perspectiva aprobada ayer por CC OO y compartida por UGT. Esa negociación sólo es posible, sin embargo, en el ámbito de cada empresa, ya que ni la patronal ni el Gobierno podrían garantizar los empleos. Ello implica renunciar a fijar una cifra de referencia para los aumentos salariales y admitir, por tanto, que éstos han de estar relacionados con la situación económica de la empresa y, por tanto, con su nivel de competitividad. Algo que hace años entendieron los sindicatos de algunos países que hoy contemplan con menos angustia la perspectiva de la crisis.