Carambola de 5.000 millones

Milagro municipal de los panes y los peces. Y con carambola. La suspensión de una licencia para construir un aparcamiento en Ciudad Lineal, que costó 81 millones de pesetas, reportará un beneficio de unos 5.000 millones a un empresario que ha echado un capote al consistorio, atemorizado ante un largo y costoso pleito. El PSOE denuncia que esta revalorización tiene su origen en la fórmula inventada por el gobierno municipal del PP para no abonar al primer promotor una reparación económica de unos 3.000 millones.

Los vecinos de las calles de San Emilio, San Marcelo y Ricardo Ortiz, de Ciu...

Milagro municipal de los panes y los peces. Y con carambola. La suspensión de una licencia para construir un aparcamiento en Ciudad Lineal, que costó 81 millones de pesetas, reportará un beneficio de unos 5.000 millones a un empresario que ha echado un capote al consistorio, atemorizado ante un largo y costoso pleito. El PSOE denuncia que esta revalorización tiene su origen en la fórmula inventada por el gobierno municipal del PP para no abonar al primer promotor una reparación económica de unos 3.000 millones.

Los vecinos de las calles de San Emilio, San Marcelo y Ricardo Ortiz, de Ciudad Lineal, batalla ron largo tiempo el pasado año para paralizar las obras de un es tacionamiento privado que se iba a construir entre sus bloques.El aparcamiento tenía la bendición del presidente de la Junta, Fernando López-Amor, entonces concejal del CDS y hoy responsable de Hacienda con el PP.

Según recuerda el concejal socialista Eugenio Morales, el PP, una vez que empieza a gobernar en solitario, paraliza las obras y suspende provisionalmente la licencia debido a la presión vecinal. Morales asegura que la empresa San Marcelo, promotora de la obra, adquirió el solar por 81 millones de pesetas. El actual concejal de Ciudad Lineal, Jorge Barbadillo, afirma que la empresa pagó más por aquel terreno, ya que lo adquirió con la licencia de obras concedida.

Una vez paralizadas las obras, el Ayuntamiento se enfrenta con un contencioso planteado por la empresa. San Marcelo, SA, que exige una indemnización de 850 millones de pesetas por las pérdidas que pudieron haber sufrido. "En su demanda hay partidas muy engordadas", explica Eugenio Morales; "por ejemplo, exigen 68 millones de pesetas de indemnización por gastos de administración".

Ante esta situación, el PP de cide que seguir pleiteando con la empresa puede suponer al final una factura muy elevada para las arcas municipales. "Por ello in tentamos buscar otras alternativas, como permutar a la promotora aquel terreno por otro de propiedad municipal; pero no llegamos a un acuerdo", explica Barbadillo.

El tercer 'hombre'

"Entonces entra en escena un tercer personaje", relata Morales, "Aparcamientos Palma, propietaria de tres estacionamientos en la calle de Velázquez y uno más en la de Barceló". Esta empresa ofrece al Ayuntamiento adquirir el solar de la polémica y regalárselo al municipio. A cambio pide una prórroga de 12 años en la concesión de sus cuatro aparcamientos. El PP acepta la idea, aunque reducida: la prórroga será de nueve años y para tres de los aparcamientos. Así lo presentaron el jueves de la pasada semana en una comisión extraordinaria.

"Empezamos a hacer cuentas. La empresa dice que ingresa unos 490 millones de pesetas anuales. La prórroga representa un negocio de 5.000 millones", calcula Morales. "Es decir, que arreglar el error de un concejal va a permitir que un tercero haga un negocio millonario". El PP decidió retirar la propuesta de la comisión ese mismo jueves.

Barbadillo, por su parte, asegura que su partido aplazó la aprobación de la propuesta "para analizar mejor los costes de la operación". Según el concejal de Ciudad Lineal, Aparcamientos Palma puede obtener un beneficio, una vez descontados los costes, de más de 3.000 millones de pesetas. Sin embargo, no cuestiona la fórmula: "Lo que nos preocupa es entrar en un contencioso con San Marcelo porque, con todas las precauciones en las evaluaciones, una reclamación de este volumen acarrearía una indemnización de 2.700 o 3.000 millones".