El alcalde reclama la ley de capitalidad

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, volvió a reclamar ayer, en El Escorial, una ley especial "que recoja la singularidad de Madrld" y su condición de capital "del reino de España". El alcalde matizó que no reclamaba "una ley de privilegios", sino "una exigencia constituciona" que calificó como "inaplazable e imprescindible".La ley, reclamada recientemente por distintas fuerzas políticas y sociales, tiene como objetivo compensar a Madrid de los gastos derivados de ser la sede de la jefatura del Estado y del Gobierno. (entre ellos, el hecho de que los edificios oficiales no paguen...

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, volvió a reclamar ayer, en El Escorial, una ley especial "que recoja la singularidad de Madrld" y su condición de capital "del reino de España". El alcalde matizó que no reclamaba "una ley de privilegios", sino "una exigencia constituciona" que calificó como "inaplazable e imprescindible".La ley, reclamada recientemente por distintas fuerzas políticas y sociales, tiene como objetivo compensar a Madrid de los gastos derivados de ser la sede de la jefatura del Estado y del Gobierno. (entre ellos, el hecho de que los edificios oficiales no paguen sus tasas, y los derivados de operaciones policiales y de escolta).

El portavoz municipal de IU, Francisco Herrera, se sumó también ayer a la petición de Álvarez del Manzano, una Ley de Capitalidad que venga a paliar los trastornos y los gastos públicos que genera a los madrileños vivir en la capital del Estado y que delimite las competencias municipales.

Para Herrera, esta ley debería abordar, por una parte, el aspecto económico, ya que Madrid aporta 18.000 millones de pesetas anuales en servicios derivados de la capitalidad, y por otra, el político: "Se debe dotar al Ayuntamiento con una mayor capacidad" sobre las otras administraciones.

El Ayuntamiento reivindica que el Estado pague entre 12.000 y 18.000 millones de pesetas por utilizar la capital. En la actualidad existen dos informes jurídicos, encargados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, respectivamente, para que Madrid cuente con este fuero especial. Ambas administraciones son partidarias de llegar a un consenso a partir de los dos dictámenes.