La imposición de la cárcel desata la batalla legal de Soto contra el Gobierno
El Ayuntamiento de Soto del Real acordó en la tarde de ayer, en un pleno e extraordinario, contratar "al mejor abogado" y plantear una batalla legal contra el Gobierno. Unas horas antes, el Consejo de Ministros había recurrido a un procedimiento especial de la Ley del Suelo para autorizar la construcción de una cárcel en el municipio. La impugnación de la decisión del Ejecutivo fue respaldada por todos los concejales, excepto por el único edil del PSOE presente en la sesión, que se abstuvo.
El alcalde de Soto, el centrista Domingo Eladio Navarro, anunció nada más finalizar el pleno que ...
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El Ayuntamiento de Soto del Real acordó en la tarde de ayer, en un pleno e extraordinario, contratar "al mejor abogado" y plantear una batalla legal contra el Gobierno. Unas horas antes, el Consejo de Ministros había recurrido a un procedimiento especial de la Ley del Suelo para autorizar la construcción de una cárcel en el municipio. La impugnación de la decisión del Ejecutivo fue respaldada por todos los concejales, excepto por el único edil del PSOE presente en la sesión, que se abstuvo.
El alcalde de Soto, el centrista Domingo Eladio Navarro, anunció nada más finalizar el pleno que va a proponer al catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría que defienda a los intereses del municipio.Tanto el regidor como algunos concejales mantendrán un encierro en el Ayuntamiento durante el tiempo que duren las fiestas patronales, que comenzaron precisamente ayer. El consistorio decidió mantener los actos programados, a pesar de que dos ediles plantearon suspender los festejo, en protesta por la imposición del centro penitenciario.
El Consejo de Ministros aprobó, como estaba previsto, la construcción de la prisión al amparo de la Ley del Suelo (véase EL PAÍS de ayer). Aunque el acuerdo no detalla el tamaño de la cárcel, fuentes de la Administración han señalado que el centro penitenciario tendrá capacidad para 900 reclusos.
El pleno de Soto del Real acordó también enviar una nota de protesta al Ministerio de Justicia y pedir la dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y del consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado. Ambos fueron declarados personas non gratas, junto con el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, y el responsable de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción.
El portavoz municipal del CDS, Antonio Paredes, arengó así a los concejales: "Tras haber sido pacíficos, es hora de dar caña, caña de verdad". El público que asistió al pleno le coreó.
"Que hagan lo que quieran"
El alcalde confesó más tarde que no se iba a hacer responsable de las posibles reacciones airadas de los vecinos. Eladio Navarro dijo que está harto de que sus vecinos le llamen tonto cuando va por la calle. "Voy a dejar que hagan lo que quieran", aseguró, antes de referirse a los exaltados que pretenden quemar el monte, envenenar las aguas del pantano, poner dinamita o cortar las carreteras. "Si pescan a alguno, le ayudaremos para que no le metan en la cárcel que quieren construir".
Los concejales del PP, por su parte, tras mostrar su total apoyo al alcalde, expresaron su confianza en que finalmente el Gobierno recapacite y no construya la prisión.
Muchos propietarios de viviendas en Soto han expresado al alcalde su intención de abandonar el pueblo si llega a construirse la cárcel, sobre todo los veraneantes.
El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche afirmó ayer que "el Consejo de Ministros ha impuesto por la fuerza una grave violación del principio constitucional de autonomía municipal", informa la agencia Efe.
Por su parte, el diputado autonómico de Izquierda Unida Javier Doz mostró su "total desacuerdo" con la futura construcción de la cárcel en Soto de Real porque "vulnera una resolución aprobada por la Asamblea de Madrid".