Decidida la primera reforma de la Constitución

La Constitución española será reformada por vez primera para permitir a los ciudadanos de la CE residentes en España ser elegidos en los comicios municipales, en aplicación del Tratado de Maastricht. Así lo decidió ayer el pleno del Tribunal Constitucional, que emitió una declaración vinculante en respuesta al requerimiento del Gobierno. La prolongación de los debates -iniciados el pasado 23 de junio- ha servido para lograr la unanimidad del pleno, tras incorporar el ponente, Vicente Gimeno Sendra, a su texto inicial varias argumentaciones jurídicas mantenidas por sus colegas durante la delibe...

La Constitución española será reformada por vez primera para permitir a los ciudadanos de la CE residentes en España ser elegidos en los comicios municipales, en aplicación del Tratado de Maastricht. Así lo decidió ayer el pleno del Tribunal Constitucional, que emitió una declaración vinculante en respuesta al requerimiento del Gobierno. La prolongación de los debates -iniciados el pasado 23 de junio- ha servido para lograr la unanimidad del pleno, tras incorporar el ponente, Vicente Gimeno Sendra, a su texto inicial varias argumentaciones jurídicas mantenidas por sus colegas durante la deliberación.

La modificación que el Tribunal Constitucional ha considerado necesaria para adaptarse a las estipulaciones del Tratado de Unión Europea, aprobado en Maastricht, afectará al artículo 13 de la Constitución, que limita los derechos electorales a los españoles, "salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo [ser elector] en las elecciones municipales". De lo que se tratará ahora es de ampliar tal salvedad al sufragio pasivo' [ser elegible] para los mencionados comicios municipales. El alto tribunal no sugiere una reforma concreta, pero de su declaración, de 31 folios, se deduce que bastará agregar "y pasivo" tras la palabra "activo", para que se subsane la contradicción existente entre Constitución y tratado.

"Declaración vinculante"

El alto tribunal resalta que es el primer requerimiento que le formula el Gobierno por el cauce previsto en el artículo 95.2 de la Constitución para que dilucide si existe contradicción entre un tratado y la norma. suprema, en cuyo caso se "exigirá la previa re visión constitucional". Niega que el Tribunal Constitucional pueda convertirse en un órgano meramente consultivo y afirma que "lo que de nosotros", dice, "puede solicitarse es una declaración, no un dictamen; una de cisión, no una mera opinión fundada en derecho", y "una decisión", agrega, "vinculante".

La declaración del alto tribunal analiza las posibles contradicciones entre el texto del Tratado de la Unión Europea, que concede a los residentes de la CE en cualquier Estado miembro el derecho a "ser elector y elegible en las elecciones municipales", y la Constitución, en sus artículos 13.2, que limita el sufragio pasivo a los españoles; 23, que reconoce tal derecho a los "ciudadanos", y 1.2, según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español". Descarta que este último resulte afectado por el Tratado de Maastricht y niega que el artículo 23, que se remite a "las leyes", lo contradiga.

La conclusión a la que llega el alto tribunal es que el texto de Maastricht contiene "una estipulación que, por contraria a la Constitución", en concreto, al artículo 13.2, "no podría ser objeto de ratificación sin la previa revisión de la normáfundamental". En consecuencia, constata da la existencia de una antinomia entre el tratado y la Constitución, declara que "debe seguirse" el procedimiento de "reforma constitucional" para "obtener la adecuación de dicha norma".

Para acometer esta primera reforma constitucional, la iniciativa la asumirá el Gobierno, que remitirá el proyecto a las Cortes Generales. El texto aprobado por los respectivos plenos se someterá a sendas votaciones finales que exigirán un mínimo de tres quintos (210 votos en el Congreso y 153 en el Senado). Fuentes gubernamentales manifestaron ayer ' su voluntad de remitir el proyecto de reforma constitucional en fecha inminente al Congreso de los Diputados, para su aprobación en un pleno extraordinario, durante las vacaciones parlamentarias.

Pons: "Máxima celeridad"

El presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, conoció la decisión del Tribunal Constitucional sobre las 22.30 de ayer, a su llegada a Budapest, a donde viajó para presidir la primera asamblea parlamentaria de países del Consejo de Cooperación y Seguridad de Europa (CES CE). Pons declaró que piensa imprimir la "máxima celeridad" a los trámites parlamentarios para la reforma constitucional. Pons aseguró que el pleno extraordinario se celebrará este mismo mes de julio, informa desde Bu dapest Camilo Valdecantos. Esta información desmiente otra de fuentes parlamentarias que atribuyó a Pons el deseo de aplazar la reforma hasta septiembre.

También el presidente del Senado, Juan José Laborda, declaró ayer, según Efe, que es partidario de que las cámaras "comiencen a trabajar cuanto antes" en la reforma. En el caso de Laborda, tal manifestación es más notable, por cuanto el presidente del Senado consideró, el 27 de enero último, que no era necesario reformar la Constitución, el mismo día que se publicaba una declaración similar del ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero.

Por su parte, el PP y otros partidos de la oposición -CiU, IU y CDS- saludaron con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional. El principal partido de la oposición emitió un comunicado en el que dice que "es urgente que el Gobierno remita el proyecto de ley de modificación de la Constitución al Congreso de los Diputados, que contará con el voto favorable del PP". Ninguno de estos partidos planteó en ningún momento anterior la necesidad de reformar la Constitución para adaptarse al Tratado de la Unión Europea.

La reforma del artículo 13 de la Constitución no exigirá otros requisitos, si bien, una vez aprobada, "será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras [35 diputados o 25 senadores]". Ningún grupo parlamentario ha anunciado su propósito de promover tal iniciativa en relación con esta reforma.