Error

El ministro de Justicia ha calificado de "error trágico y lamentable" la decisión de un juez de vigilancia penitenciaria que concedió permiso a un recluso en contra de la opinión de los expertos, y quien, gozando de ese privilegio, violó y asesinó a una niña de nueve años, crimen del que se confesó autor poco después.Naturalmente, el recluso pudo haber cometido no uno sino varios delitos en cadena antes de ser apresado, lo cual habría merecido la calificación de "error trágico, múltiple y lamentable" por parte del titular del ministerio. O también pudo no haber delinquido, pese a los justifica...

El ministro de Justicia ha calificado de "error trágico y lamentable" la decisión de un juez de vigilancia penitenciaria que concedió permiso a un recluso en contra de la opinión de los expertos, y quien, gozando de ese privilegio, violó y asesinó a una niña de nueve años, crimen del que se confesó autor poco después.Naturalmente, el recluso pudo haber cometido no uno sino varios delitos en cadena antes de ser apresado, lo cual habría merecido la calificación de "error trágico, múltiple y lamentable" por parte del titular del ministerio. O también pudo no haber delinquido, pese a los justificados recelos de los expertos y del director de la cárcel que desaconsejaban su puesta en libertad. En ese caso no habría existido tragedia que lamentar, aunque sí error en la decisión, a menos que pueda probarse que los dictámenes de esos expertos eran del género estúpido.

Y como lamentablemente no carecían de fundamento, se pregunta uno qué falta hacen el psicólogo y el educador en las cárceles cuando, como ahora, quien decide los permisos ignora sus opiniones. Más lógico sería prescindir de sus servicios y sustituirlos por otros métodos, como la bola de cristal o los dados, en los que quizá deposita más confianza el magistrado de turno. Que el juez se declare "absolutamente destrozado" por el drama humano que ha desencadenado, pero no por la decisión que adoptó, según ha dicho, sólo añade escalofríos a los que su evidente ineptitud ha producido, máxime si tenemos en cuenta que necesitó, ocho meses para acabar decidiendo lo que decidió.

Situaciones como ésta aconsejarían que el ministerio someta a más de un juez a las pruebas de los psicólogos y de los educadores, quienes se preguntarán no tanto acerca de la utilidad de su labor con los reclusos como de la que podrían realizar con los que dictan permisos carcelarios.