Los acusados de matar a un vecino de Mancha Real niegan que llevaran armas

Los cuatro acusados de participar en la pelea que terminó con la muerte de Ángel Arroyo, ocurrida en Mancha Real (Jaén) el mes de mayo del pasado año y que fue el desencadenante de los destrozos en las viviendas propiedad de la comunidad gitana de la localidad, se contradijeron en las declaraciones realizadas ayer con las que efectuaron ante el juzgado tras ser detenidos. En el primer interrogatorio, los acusados admitieron que uno de los inculpados llevaba una navaja, mientras que ayer, en la Audiencia de Jaén, negaron que fuesen armados. "Si hubiera llevado un arma no me habrían pegado",...

Los cuatro acusados de participar en la pelea que terminó con la muerte de Ángel Arroyo, ocurrida en Mancha Real (Jaén) el mes de mayo del pasado año y que fue el desencadenante de los destrozos en las viviendas propiedad de la comunidad gitana de la localidad, se contradijeron en las declaraciones realizadas ayer con las que efectuaron ante el juzgado tras ser detenidos. En el primer interrogatorio, los acusados admitieron que uno de los inculpados llevaba una navaja, mientras que ayer, en la Audiencia de Jaén, negaron que fuesen armados. "Si hubiera llevado un arma no me habrían pegado", dijo Antonio Romero Cortés.

Esta y otras contradicciones, puestas de manifiesto por el fiscal y el abogado de la acusación particular, se deben al estado de "conmoción" en el que se encontraban después de ser detenidos, según la declaración realizada ayer. En el transcurso del juicio, Julio Romero Amador se confesó autor de la muerte de Ángel Arroyo, eximiendo de responsabilidad al resto de los juzgados, los padres y un primo: "Yo le causé todas las heridas, mi padre no intervino".

Los hechos juzgados ayer ocurrieron en la madrugada del 18 de mayo del año pasado y provocaron la huida de la comunidad gitana de Mancha Real, formada por 32 personas. En el entierro de Ángel Arroyo se convocó una manifestación, a la que acudieron más de 7.000 vecinos, y que culminó con el destrozo de siete viviendas de la familia de los Romero. Por estos hechos se abrió otra causa contra el alcalde, 10 concejales y 11 vecinos.

El fiscal solicita 15 años de prisión para Julio Romero por un delito de homicidio. También pide siete años de prisión para los otros tres acusados.