La democracia contaminada
Vivimos, en opinión, del articulista, en un ambiente político contaminado por altas dosis de corrupcion y atravesado por una serie de escándalos que nos hacen correr el riesgo de que nuestra democracia se convierta en una triste parodia. En este texto analiza las causas y apunta posibles maneras de solucionarlo.
En el siglo XVIII en Inglaterra, cuna de la democracia moderna, ,sir Robert Walpole caracterizaba al Gobierno inglés como government by corruption y decía que no había un solo miembro de la Cámara de los Comunes que no tuviera precio. Desde entonces muchas cosas han ocurr...
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Vivimos, en opinión, del articulista, en un ambiente político contaminado por altas dosis de corrupcion y atravesado por una serie de escándalos que nos hacen correr el riesgo de que nuestra democracia se convierta en una triste parodia. En este texto analiza las causas y apunta posibles maneras de solucionarlo.
En el siglo XVIII en Inglaterra, cuna de la democracia moderna, ,sir Robert Walpole caracterizaba al Gobierno inglés como government by corruption y decía que no había un solo miembro de la Cámara de los Comunes que no tuviera precio. Desde entonces muchas cosas han ocurrido en Occidente y los regímenes ,democráticos han ido afinando los sistemas anticorrupción y, sobre todo, la opinión pública ha adquirido una especial sensibilidad en la materia, y en algunos países tienen fuerza stificiente como para fulminar políticamente de manera instantánea a quien utiliza los resortes del poder en beneficio propio.No debe haber duda alguna de que por más que la democracia no pueda quedar ajena al problema, en cuanto está gestionada por hombres corrientes que arrastran la carga de defectos y virtudes común a la humana condición, resulta sierni pre de superior sanidad moral, de mejor comportamiento cívico, de mayor altura en cuanto a la conducta de los regidores de cualquier autocracia, dictadura, totalitarismo o tiranía, porque en ella hay un componente ético indecIinable y porque, como dice J. F. Revel, "no puede vivir sin una cierta dosis de verdad".
En España no podría ser de otra manera. Este país tiene una larga tradición de ejercicio interesado del poder; aquí, desde siempre, gobernar ha sido equivalente a medrar y ejercer el mando sinónimo de enriquecimiento, adobada por el sentimiento ambivalente y turbio en el pueblo de que, dando por supuesto lo antedicho, no es excesivamente avispado aquel que pasa por el poder y no aprovecha la ocasión, y potenciada de manera extrema por la dictadura franquista, que dejó al país sin defensas éticas, invirtió el orden natural de las cosas y dibujó la imagen de un gobernante que no responde de sus actos y no encuentra límite a su ambición y capricho.
Resortes insuficientes
La democracia debería haber mutado de manera natural este estado de cosas y, sin embargo, escasamente lo ha rozado. Hoy existe posibilidad de airear el escándalo, de que la denuncia aparezca en los medios de comunicación y de que se exijan responsabilidades en vía judicial, pero semejantes resortes se están revelando dramáticamente insuficientes y anodinos por el juego combinado de que la opinión pública española no tiene fuerza alguna para imponer el supremo e inapelable veredicto de la retirada del que abusó del poder, de que la justicia se enreda en trabas procedimentales y no acierta ni se atreve a sancionar pronto y bien, de que están cegados los conductos para plasmar la responsabilidad política y de que los propios medios de comunicación carecen de la fuerza y osadía precisas para llegar hasta el final, amén de ejercer una influencia social harto limitada (¿existe entre nosotros, servata distantia, algo parecido al New York Times o al Washington Post?).
¿Debemos, por tanto, abandonar la esperanza y conformarmos con seguir viviendo políticamente en un ambiente contaminado por altas dosis de corrupción y atravesado por una serie de escándalos, abusos y tropelías que enturbian la imagen del régimen de libertades establecido en nuestra Constitución? Si tal hicieramos, nuestro futuro político no valdría nada, nuestra democracia (como la mexicana, la italiana o la japonesa) sería una triste parodia y el progreso moral de los españoles, el más genuino y meritorio de los progresós, quedaría desasistido de estímulos y motivación.
Hay medios próximos y no tan dificiles para atacar con seriedad el problema. Los jueces deben atreverse a cortar el nudo gordiano de las trabas formales e impartir justicia ejemplar y rápida. Los partidos políticos, que se juegan en esta apuesta su futuro, han de reaccionar con celeridad y firmeza frente a aquellos de sus militantes que actúan turbiamente, en vez de proceder a arroparlos y justificarlos como están haciendo todos hasta el presente. El presidente González, que podría ejercer con facilidad y soltura ese lideradgo moral que el país está necesitando con urgencia, debería dar un decisivo golpe de timón y anunciar con hechos y escarmientos que no va a tolerar en la esfera de su responsabilidad la menor sospecha de corrupción o fraude.
Hay otros medios más remotos y estructurales. En Francia, donde también se está atravesando una difícil etapa de corrupción en la res publica, el semanario L´Express ha destacado recientemente que entre las causas básicas de la corrupción se encuentra el peso excesivo de aparato burocrático-estatal y la extrema longevidad de las opciones políticas en el poder, ayer la derecha y hoy la izquierda; por lo que considera que el antídoto adecuado consistiría en intentar rebajar el tamaño del Estado y potenciar la alternativa de gobiernos.
Caldo de cultivo
Se trata de una profunda y veraz reflexión. El crecimiento excesivo y.sin freno del aparato administrativo-gubernamental, su instalación imparable en todos los órdenes de la vida económica, cultural y social, el manejo en aumento de cotas escalofriantes de la Renta Nacional (en España el 46% y sigue creciendo), y la presencia de los políticos en actividades y campos donde sólo la iniciativa privada y el riesgo empresarial deberían actuar, constituyen un inmenso caldo de cultivo para la corrupción. En la medida en que el Estado aumenta de tamaño y crece su ritmo de gestión de la riqueza nacional, en esa misma medida aumenta también el nivel de corrupción; parodiando a Galbraith, podríamos decir que esta regla constituye el teorema primero sobre la inmoralidad pública.
Lo mismo respecto a la permanencia excesiva de los partidos en el poder. No hace falta pensar en Japón, Italia o México, porque también en, Francia y en España la presencia durante largos años de una sola fuerza política en el Gobierno se está revelando como factor determinante' de impulso, extensión y agravamiento de la corrupción. La alternancia en el poder, el cambió de gobernantes, la presencia de nuevas caras, nuevos programas y nuevas actitudes tienen, sin duda, un sano efecto aireador y regenerador de prácticas políticas que se hacen tanto más osadas y escandalosas en la medida que sus personeros parecen tener garantizada la permanencia en el mando. Claro que en este campo el principal responsable es el cuerpo electoral.
Ángel Cristóbal Montes es presidente de las Cortes de Aragón.