El Gobierno habla ya de recurrir a militares para ampliar los servicios mínimos en la EMT

Las tres administraciones públicas madrileñas -Ayuntamiento, Comunidad y Delegación del Gobierno- acordaron ayer fijar desde el próximo lunes unos servicios mínimos del 60% de los autobuses (unos 850) para cubrir la huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en las horas punta y de un 40% (550) para el resto del día. Si los trabajadores de la EMT no acatan estos servicios, los poderes públicos, con el apoyo del Ministerio del Interior, han arbitrado medidas extraordinarias que llegarían incluso a la utilización de conductores del Estado; entre ellos, personal militar.

El alcald...

Las tres administraciones públicas madrileñas -Ayuntamiento, Comunidad y Delegación del Gobierno- acordaron ayer fijar desde el próximo lunes unos servicios mínimos del 60% de los autobuses (unos 850) para cubrir la huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en las horas punta y de un 40% (550) para el resto del día. Si los trabajadores de la EMT no acatan estos servicios, los poderes públicos, con el apoyo del Ministerio del Interior, han arbitrado medidas extraordinarias que llegarían incluso a la utilización de conductores del Estado; entre ellos, personal militar.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, y el delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, se reunieron en la tarde de ayer con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, para estudiar soluciones a los conflictos en el transporte público madrileño. Al término de la reunión, el delegado del Gobierno hizo un llamamiento a los trabajadores de la EMT para reabrir el diálogo y negociar el convenio colectivo. "Así lo exige el interés de los ciudadanos", advirtió.Álvarez del Manzano denunció, por su parte, que la huelga está perjudicando más "a los más débiles económicamente".

A partir del lunes que viene, los servicios mínimos de los autobuses urbanos durante las horas punta se aumentarán hasta el 60%, y al 40% durante el resto de la jornada. El alcalde precisó que deberán circular más autobuses en las líneas cuyo recorrido no coincida con la red del Metro.

Julián Revenga, consejero de Transportes y presidente del Consorcio Regional de Transportes, el organismo público que debe regular ahora ese incremento de los servicios mínimos, apuntó ayer, tras la reunión, que pueden surgir problemas con el Tribunal Constitucional para aprobar estos porcentajes. El consejero entiende que este tribunal ha dictado sentencias contra la imposición de servicios mínimos muy altos, aunque se tratase de empresas que trabajan en sectores complementarios a los que se encuentran en huelga. Y en este caso, la próxima semana, aunque los paros de la EMT continúan, el servicio de metro funcionará al 100%.

Revenga ha manifestado, además, que por este motivo la próxima semana será menos desfavorable para el transporte público madrileño que la actual, y que, por tanto, no se comprendería bien la adopción de otras "medidas especiales" o "excepcionales".

Los responsables de las tres administraciones acordaron también comunicar "directamente a todos los trabajadores de la EMT estos acuerdos". Álvarez del Manzano señaló más tarde que "ante la posibilidad no deseada" de que no se cumplan los servicios mínimos fijados está previsto completar la flota de autobuses en circulación con "conductores voluntarios de la propia EMT", así como la eventual contratación de trabajadores para cubrir las vacantes existentes". Por último, se arbitraría un servicio alternativo con conductores de la Administración del Estado. "Incluso con personal militar", puntualizó el delegado del Gobierno.

Crespo se comprometió ayer a garantizar la seguridad en los transportes y a proteger a los conductores que presten los servicios mínimos.

El presidente de la Comunidad expresó su "apoyo político" al Ayuntamiento en el conflicto con los trabajadores de la EMT y acusó a los dirigentes de la Plataforma Sindical de haber planteado una huelga irracional. El alcalde reiteró que no va a negociar la readmisión de los 27 trabajadores despedidos por la huelga ilegal del 15 de enero, la principal reivindicación de la Plataforma.