Que den la cara los responsables

Con motivo de las huelgas en las empresas públicas de transportes (Metro y EMT) que se están desarrollando durante estos días, multitud de personajes salpican las páginas y las emisiones de los principales medios de comunicación con radicales condenas hacia las mismas. Su declarado objetivo es el de influir en la opinión pública para que se enfrente a los trabajadores en huelga. Su objetivo encubierto es el de tergiversar los hechos y confundir a esa misma opinión, con el fin de que queden ocultos los veraderos responsables de la situación.Es evidente que las huelgas de los medios de transport...

Con motivo de las huelgas en las empresas públicas de transportes (Metro y EMT) que se están desarrollando durante estos días, multitud de personajes salpican las páginas y las emisiones de los principales medios de comunicación con radicales condenas hacia las mismas. Su declarado objetivo es el de influir en la opinión pública para que se enfrente a los trabajadores en huelga. Su objetivo encubierto es el de tergiversar los hechos y confundir a esa misma opinión, con el fin de que queden ocultos los veraderos responsables de la situación.Es evidente que las huelgas de los medios de transporte tienen una repercusión general diferente que las motivaciones que puedan llevar adelante otros sectores, pero esto no implica que se considere la indefensión y la desprotección más absoluta para este colectivo de trabajadores. Es más, frente a las acusaciones de "salvajismo" e "ilegalidad", los trabajadores han demostrado sobradamente su talante dialogante y su buena fe, con la disposición voluntaria de los trabajadores de la EMT a realizar unos servicios mínimos que no han sido aceptados por la dirección de la empresa en su momento, o con la negativa de la dirección de Metro a rubricar unos servicios mínimos acordados por las dos partes en una situación anterior y similar (1990, coincidencia de huelgas en Metro y EMT). ¿Qué esconde esta cerrazón por parte de las direcciones de las empresas y el Consorcio de Transportes en impedir que se llegue a un acuerdo de servicios mínimos que beneficie al pueblo de Madrid y lesione lo menos posible el derecho a la huelga que todo trabajador tiene y que el cumplimiento de unos servicios mínimos recorta inevitablemente?

Fácilmente se advierte el interés de las altas instancias guberamentales, de los responsables en última instancia de los transportes públicos de Madrid, de los diversos aparatos del Estado en suma, en que estas huelgas constituyan un serio fracaso para los trabajadores y las organizaciones convocantes. Se persigue la derrota y el escarmiento de aquéllos que no han caído en la política de compadreo y pactismo contranatura en que se desenvuelve el sindicalismo oficial, cada vez más y más desacreditado. He aquí el porqué de la negativa a la readmisión de los responsables de la Plataforma Sindical de la EMT, o incluso a la negociación seria del convenio colectivo de Metro (que incluye puntos tan capitales como el mantenimiento y ampliación de la plantilla y tan indigeribles para quienes son responsables de la destrucción de cientos y cientos de puestos de trabajo en estas empresas).

Falta de escrúpulos

La pugna entre los responsables del PSOE y el PP para ver "quién manda en el transporte de Madrid", sus mutuos ataques, acompañados de mutuas descargas de responsabilidades, han colocado al pueblo de Madrid en la dificil situación de rehén de la falta de escrúpulos de estos responsables políticos. Quienes acusan hoy a los trabajadores de colaborar en la privatización del transporte público son los mismos que, cuando controlaban la dirección de Metro, dieron los pasos precisos para una hipotética entrega de la empresa a manos privadas (cambio de marco jurídico de la compañía, recorte brutal de las plantillas, parcelación de la red en compartimentos autosuficientes, modificación de las relaciones con los viajeros que pasaban de usuarios a clientes ... ).

La verdad, aunque pueda ser momentáneamente ocultada, termina por resplandecer. Hay una decisión política clara de no negociar con los trabajadores en huelga, persiguiendo su desgaste en un conflicto largo y su derrota total, utilizando además estas huelgas y al pueblo de Madrid como armas arrojadizas contra adversarios políticos y sindicalistas no domesticados.

Pero no son, desde luego, las únicas responsables las direcciones de estas empresas. Como bien declaraba a EL PAÍS el nuevo presidente de Metro, López Mancisidor, en entrevista publicada el 8 de febrero: "Yo soy un técnico, no un político. Me han nombrado para que me preocupe de cumplir de la forma más económica y eficiente los objetivos que los diversos políticos me fijen...". Efectivamente, los que de forma hipócrita se abanderan ahora de las clases sociales más desfavorecidas, casi culpando a los trabajadores del transporte de que coger un taxi sea prohibitivo para muchos madrileños o que después de la especulación inmobiliaria salvaje del casco urbano gran parte de esos madrileños tenga que invertir una o dos horas en llegar a su centro de trabajo, son los verdaderos responsables, los señores Álvarez del Manzano y García Alarilla (Ayuntamiento), el señor Revenga (Consorcio Regional de Transportes), el señor Leguina (Comunidad de Madrid)...

Son ellos quienes tienen en su mano la decisión de sentar a las direcciones de estas empresas a negociar las reivindicaciones de los trabajadores e impedir la realización de las huelgas. El buscar otras responsabilidades es contribuir a seguir sembrando la confusión.