El Supremo aplaza 30 días su decisión sobre la responsabilidad del Estado en el 'caso Amedo'
El Tribunal Supremo ha decidido prorrogar por un espacio de 30 días la publicación de la sentencia sobre la condena a los policías José Amedo y Michel Domínguez y su vinculación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Fuentes de la Sala Segunda del Supremo indicaron ayer que, aunque inicialmente está tomada la decisión en el sentido de declarar la responsabilidad civil del Estado, no existe unanimidad entre los cinco magistrados que componen la sala, por lo que ha decidido acogerse a la citada prórroga.Las citadas fuentes añadieron que la Sala se inclina por declarar al Estado resp...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Tribunal Supremo ha decidido prorrogar por un espacio de 30 días la publicación de la sentencia sobre la condena a los policías José Amedo y Michel Domínguez y su vinculación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Fuentes de la Sala Segunda del Supremo indicaron ayer que, aunque inicialmente está tomada la decisión en el sentido de declarar la responsabilidad civil del Estado, no existe unanimidad entre los cinco magistrados que componen la sala, por lo que ha decidido acogerse a la citada prórroga.Las citadas fuentes añadieron que la Sala se inclina por declarar al Estado responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por José Amedo y Michel Domínguez. Al mismo tiempo, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional, que condenó a los policías a 108 años de prisión por varios delitos relacionados con los GAL.
En el caso de que Amedo y Domínguez no se hagan cargo de las indemnizaciones, el Estado deberá pagar 12.800.000 pesetas a las siete víctimas de los atentados contra los bares Batzoki y la Consolation de Bayona, en Francia, realizados por mercenarios de los GAL reclutados por los dos policías.
La declaración de responsabilidad del Estado es el aspecto más importante que diferencia al Supremo de la sentencia de la Audiencia, que acordó el 20 de septiembre absolver a la Administración al estimar que los dos policías no actuaron en el ejercicio de sus funciones públicas.