El fiscal pedirá y archivar el caso del tráfico de datos informáticos

El fiscal presentará en los próximos días en el Juzgado número 1 de Móstoles (Madrid) un informe en el que pedirá que se archive el caso del tráfico de datos informáticos. El fiscal, tras un estudio detenido del asunto, ha llegado a la conclusión de que no se va a poder demostrar la existencia de delito de cohecho de funcionarios públicos ni tampoco el de revelación de secretos.Por su parte, Joaquín González López, principal encausado en este proceso, y que fue detenido a principios de enero junto con otras seis personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, dijo ayer que no tenía co...

El fiscal presentará en los próximos días en el Juzgado número 1 de Móstoles (Madrid) un informe en el que pedirá que se archive el caso del tráfico de datos informáticos. El fiscal, tras un estudio detenido del asunto, ha llegado a la conclusión de que no se va a poder demostrar la existencia de delito de cohecho de funcionarios públicos ni tampoco el de revelación de secretos.Por su parte, Joaquín González López, principal encausado en este proceso, y que fue detenido a principios de enero junto con otras seis personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, dijo ayer que no tenía conocimiento de la decisión del fiscal, y declinó hacer comentarios hasta que el juez adopte una decisión al respecto. Marcos García Montes, abogado defensor de varios de los implicados, ya pidió hace días el archivo de la causa.

La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha anunciado su intención de ejercer la acción popular en este caso. No obstante, su representante legal todavía no ha formalizado su personación.

La presunta red de comercialización de datos de carácter personal fue descubierta por la policía en Madrid el pasado 10 de enero. Siete personas fueron detenidos bajo la acusación de comprar datos a funcionarios de varios ministerios y de revenderlos, una vez procesados, a otras empresas. La policía descubrió que en muchos figuraban hasta 47 datos de una sola persona, como el saldo de las cuentas, sueldos, direcciones, etc.

El caso pasó a la Audiencia Nacional, pero el juez Miguel Moreiras, tras ordenar el ingreso en prisión de González, lo puso en libertad y se inhibió en favor del juez de Móstoles.